El Gobierno ha anunciado, a través de la ministra Ana Mato, su intención de reducir la factura de la sanidad pública española en unos 7.000 millones de euros, que viene a ser el 10 por ciento del gasto total. Con ese objetivo, Ana Mato ha anunciado la introducción del llamado copago farmacéutico para los pensionistas y una modificación del que ya pagaban los trabajadores en activo, que pasaran a hacerlo en función de su renta. Aunque el plan de ahorro del gobierno incluye otras medidas como la unificación de la cartera de servicios sanitarios, la lucha contra el llamado "turismo sanitario" o la centralización de compras de fármacos, la introducción del copago para los pensionistas es la que más polémica ha suscitado.
Antes de entrar a valorarla, conviene detallar su alcance: aunque los pensionistas pasan del "gratis total" a tener que abonar el 10% del precio de los fármacos, habrá un tope de 8 euros mensuales para aquellos que perciben pensiones por debajo de 18.000 euros anuales, y de 18 euros al mes, para los pensionistas que cobran más de 18.000 euros.
Por su parte, los trabajadores en activo, que hasta ahora costeaban el 40% del precio de las medicinas, seguirán haciéndolo en ese porcentaje siempre que su renta no supere los 18.000 euros al año. Aquellos cuya renta supere esta cantidad pasarán a pagar el 50%, excepto los que perciban más de 100.000 anuales, que abonarán un 60% del precio del medicamento.
Ni que decir tiene que nada -incluido, los fármacos- es gratis: todo bien o servicio ofrecido por el Estado es sufragado íntegramente por los ciudadanos mediante sus impuestos. Lo único que trata esta tímida reforma dentro del sistema colectivista y estatalizado que padecemos, y que desgraciadamente no va acompañada de una equivalente reducción de impuestos, es tratar de frenar la desbocada demanda de fármacos cuando aparentemente no cuestan nada. La ministra Mato ha dado unos datos muy elocuentes, en este sentido, como es el de que España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos o que el año pasado se tiraron 3.700 toneladas de ellos, lo que ha supuesto un derroche de 1.200 millones de euros.
No seremos nosotros los que consideremos que los españoles pagamos pocos impuestos. El problema está en que un sistema público que erradica la competencia, que se sufraga coactivamente y que no se limita a asistir a la gente con escasos recursos, sino que ofrece bienes aparentemente gratuitos a todo el mundo, es una maquina perfecta para dilapidar recursos escasos.
Si Bastiat decía que el Estado es aquella gran ficción por la que todos tratan de vivir a expensas de lo demás, habremos de añadir que la llamada gratuidad de los bienes y servicios públicos es la gran artimaña en la que se basa esta costosísima e ineficiente ficción. Bienvenida sea, pues, esta dosis de realismo, por pequeña que sea.