Más de un centenar de proterras, entre los que se encontraban varios parlamentarios de EH Bildu y la alcaldesa de Ondárroa, han acudido este miércoles al llamamiento que un día antes hiciera de manera pública este tolerado brazo político de ETA para tratar de impedir la detención de Urtza Alkorta, condenada por colaborar la banda terrorista.
Para detener a Arkorta, quien durante su libertad condicional a la espera de juicio actuó de consejera de Sortu, decenas de ertzainas encapuchados han tenido que desalojar, individuo a individuo, el muro popular que Bildu había logrado formar para obstaculizar las labores de detención. Además de sufrir muchos de ellos contusiones, los ertzainas han tenido que ver cómo la portavoz de Bildu en la Cámara vasca, Laura Mintegi, se encaraba con ellos y les amenazaba con “llamar a la consejera de Seguridad”, quien, al parecer, le habría dado su “teléfono personal” instándola a avisarla si había algún problema.
Mucho se podría criticar a la ertzainas por haberse limitado a realizar únicamente dos detenciones y por el exquisito trato dispensado a esas decenas de personas que ante sus propios ojos estaban perpetrando un clamoroso delito de obstrucción a la Justicia. Pero ¿cómo hacerlo si entre los que les impedían su labor se encontraban cargos institucionales que contaban con el respaldo y el “teléfono personal” de sus superiores?
¿Acaso el temor que delatan los rostros encapuchados de los policías autonómicos es más criticable que las mentiras de una clase política que, desde Madrid y Vitoria, maquilla los chantajistas comunicados de ETA, a la que dan por definitivamente derrotada? ¿Acaso no es mucho más criticable la pasividad de una Fiscalía General del Estado y de un Gobierno nacional que se niegan a ver esta enésima evidencia de la burla a la Ley de Partidos que constituye la tolerada presencia de los proetarras en las instituciones?