Por mucho que la Casa Real le haya irresponsablemente mantenido en el cargo, era cuestión de muy poco tiempo que el juez instructor del caso Nóos llamara a declarar como imputado al secretario de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, tras la reciente difusión de correos electrónicos de los que se deducían sus tareas de asesoramiento a Iñaki Urdangarín en sus actividades al frente del Instituto Nóos. El hecho de que el propio Revenga hubiera ocupado el puesto de tesorero en esa fundación bajo sospecha y de que Urdangarín "le consultara todo", tal y como afirma el exsocio del Duque de Palma, Diego Torres, son razones añadidas para esa citación.
También era insostenible que la Abogacía del Estado no se personara como acusación particular, en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, habida cuenta del fraude fiscal, por valor de unos 470.000 euros, en que estarían implicados Urdangarín y el Instituto Nóos.
Lo que no resulta tan lógico ni tan plausible es que la Casa del Rey haya mantenido en su cargo de secretario de las infantas a García Revenga, y que ni siquiera se haya pronunciado respecto de su imputación con la excusa de no que no ha recibido todavía el auto.
Así mismo, y teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria apunta a que Urdangarín percibió retribuciones de entidades privadas que, sin embargo, eran facturadas a través de la mercantil Aizoon, no se entiende que nadie llame a declarar a la copropietaria, al 50%, de esta empresa pantalla, doña Cristina de Borbón.
Sencillamente, lo que no es de recibo es que en la providencia dictada el juez Castro exprese la intención de interrogar al secretario de las infantas sobre las labores de asesoramiento o consulta que pudiera haber llevado "respecto a Iñaqui Urdangarín y su entorno societario y personal" y, sin embargo, no cite, ni siquiera en condición de testigo, a alguien tan perteneciente al "entorno personal y societario" del Duque de Palma como es su esposa, y copropietaria al 50% de Aizoon, Cristina de Borbón.
La Corona, cuyo titular no está destacando precisamente por su firmeza a la hora de preservar la unidad de España frente a los desafíos rupturistas del nacionalismo, no puede ir a remolque de los acontecimientos, menos aun ser percibida como un obstáculo para la acción de la Justicia. Hace ya más de un año que Don Juan Carlos, en su tradicional discurso navideño, destacó la necesidad de "rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos". "Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas –dijo también– tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar". La verdad es que desde entonces esas cualidades brillan por su ausencia. El tiempo dirá si, efectivamente, "la Justicia es igual para todos", tal y como aseguró el monarca. Por ahora, no lo parece.