El presidente de la Generalidad de Cataluña ha decidido suspender su proyecto de secesión hasta las elecciones de 2016, que, según ha asegurado, tendrán un carácter plebiscitario, tal vez pensando en concurrir a ellas con una sola lista que agrupe a todas las formaciones políticas partidarias de separar Cataluña del resto de España. Su socio de Gobierno ya le ha respondido que no va a permitir esa dilación y, por lo que respecta a ERC, el referéndum independentista tendrá lugar en 2014, fecha de fuerte arraigo simbólico en la mitología nacionalista.
En contra de lo que sugiere Artur Mas, que ha esgrimido como principal razón su pretendido deseo de "hacer las cosas bien", en referencia a la negativa del Gobierno a validar dicha consulta, es más que evidente que la causa de este repliegue táctico tiene que ver con el actual desastre de las finanzas de la Generalidad. El propio presidente autonómico catalán dejó claro su interés en llegar al 2016 "en las mejores condiciones", habiendo recuperado la economía y el mercado laboral, con el Estado de Bienestar garantizado y "sin más recortes", objetivos para él “tan importantes como la propia consulta”.
Sin la ayuda económica que el Gobierno de España le viene prestando en los dos últimos años, la autonomía catalana hace tiempo hubiera entrado en suspensión de pagos. También alguna otra comunidad, es cierto; pero se da la circunstancia de que ningún Ejecutivo autonómico cuenta con las prebendas de que disfruta el catalán a costa del resto de los españoles, gracias a un nuevo estatuto de autonomía abiertamente inconstitucional que privilegia su financiación y a la injusta prodigalidad del Gobierno, que ha motivado, además de la entrega de abundantes ayudas financieras con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico, la revisión al alza del objetivo de déficit, en perjuicio de los intereses generales.
En breve comprobaremos las consecuencias políticas de este retraso en la consulta ilegal, sobre la que Mas hizo pivotar su última campaña, con el riesgo de que se produzcan escisiones y no sólo en el PSC. Pero por encima de las cuitas nacionalistas, que nada importan a la España productiva, está la necesidad de que el Gobierno actúe para evitar este permanente chantaje que Mas quiere extender ahora dos años más. Un tratamiento por igual a todas las autonomías en el terreno financiero sería un buen primer paso para hacer ver al nacionalismo catalán que lo que hoy resulta intolerable también lo va a seguir siendo en 2016.