No quedan ya excusas ni caben lecturas sesgadas de los indicadores macroeconómicos. Todos los ingredientes de una crisis se dan cita en el panorama actual de la economía española. Descenso de la demanda, perturbaciones bursátiles, descenso del nivel de actividad, inflación y, como consecuencia ineludible de todo lo anterior, desempleo creciente. Al caso español habría que sumarle, además, un endeudamiento masivo, el agotamiento del modelo de crecimiento seguido durante la última década y un gasto público disparado. En estas coordenadas, nada halagüeñas por otra parte, es donde nos movemos a día de hoy guste o no guste al Gobierno.
Con todo, el dato definitivo y el que ha hecho que, por fin, el país empiece a tomar conciencia de la magnitud del problema es el del paro. Este compañero de viaje de toda crisis, olvidado en parte por la prosperidad de los últimos años, ha vuelto a hacer su aparición y amenaza con extenderse como una mancha durante los próximos años. Los números no dejan lugar a equívocos. La afiliación a la Seguridad Social ha caído en el último cuatrimestre en 16.506 trabajadores lo que, combinado con los 37.500 nuevos parados en el INEM, da una idea general de cuál es el camino que hemos tomado.
Este año, a diferencia de 2007, no sólo se ha parado en seco la creación de nuevos puestos de trabajo sino que muchos de los que había han empezado a desaparecer. Por decirlo brevemente: cada mes trabaja menos gente y, en consecuencia, la carga sobre el Estado en forma de subsidios aumenta de un modo proporcional. En sólo un año se han perdido más de 300.000 empleos, que han pasado a engrosar las listas del INEM, repentinamente engordadas hasta los 2,3 millones de parados. Los primeros en sentir el aldabonazo de la crisis serán las endeudadísimas familias españolas que, para colmo, tendrán que padecer el calvario de una crisis que se promete bastante más larga y severa de lo que prevé el Gobierno.
Porque, y en esto hemos de insistir, ninguna de las previsiones del ministerio de Economía en los últimos meses ha dado en la diana. De fingir que la crisis no existía pasaron a hablar de un aterrizaje suave, y de ahí a una desaceleración que durará como mucho un año. Valga como botón de muestra el vaivén de las previsiones de crecimiento. España puede ir olvidándose de crecer no ya un 3% sino un mísero 1% durante este ejercicio. Y 2009 será peor. Esto, en terminología económica, es una recesión de manual y no una simple desaceleración. Hay motivos fundados para no creerse absolutamente nada de lo que provenga del área económica del gabinete Zapatero, y quien lo haga será porque prefiere engañarse antes de afrontar la realidad. Una afición, dicho sea de paso, muy socialista.
Las causas que nos han llevado a esta situación son muy variadas y no se remontan al año pasado ni al anterior. La crisis actual hunde sus raíces en el desmadre crediticio de los últimos años y en la ingente cantidad de dinero que se ha invertido en ciertos sectores que, al calor de la burbuja, ofrecían altísimas rentabilidades. Pero también en la rigidez de nuestra economía, que juega a codearse con las grandes economías abiertas del mundo cuando, en realidad, está infestada de regulaciones, tasas y trabas de toda índole. Por último, el Estado, primer agente económico del país, que, sin crear un ápice de la riqueza nacional, se gasta a discreción la mitad de la misma todos los años, es responsable directo de la crisis que ya tenemos encima.
Para salir del atolladero hará falta mucho más que buenas intenciones. Es preciso emprender profundas reformas que transformen la economía española en un instrumento libre, competitivo y generador de prosperidad. Lo ideal hubiera sido acometerlas en tiempos de bonanza, pero primero se careció de agallas y después de voluntad. Ahora ya no va a quedar más remedio, a no ser, claro, que la intención oculta del Gobierno sea transformar la otrora vibrante economía española en una máquina averiada, condenada a vivir permanentemente en crisis recreando una suerte de Argentina en el sur de Europa.
