El ministro de Defensa, José Bono, criticaba hace poco en una entrevista a quienes, por una parte, acusan a Marruecos de facilitar y utilizar la inmigración ilegal para hacer insostenible la situación de Ceuta y Melilla, y por otra, censuran a Rabat su posterior brutalidad para impedir que más avalanchas de inmigrantes cruzaran las fronteras de España. "Quien sostiene ambas cosas contra Marruecos –consideraba Bono–, incurre en una contradicción".
Eso es, sin embargo, exactamente lo que ha hecho el régimen marroquí, y como veremos, nada tiene de "contradictorio", ni el perpetrarlo, ni el censurarlo. Porque lo que es un hecho es que el mismo régimen que hizo la vista gorda ante las masas de subsaharianos que cruzaban su territorio con destino a España; el mismo que no movió un sólo dedo ante la construcción de las rudimentarias escaleras con las que esta pobre gente quería asaltar ilegalmente nuestras fronteras, es el mismo que luego abatiría a tiros a varios de ellos y los devolvería –más bien, abandonaría– a su suerte en el pedregoso desierto que se extiende por la frontera entre Argelia y Marruecos.
Con ello Marruecos, lejos de incurrir en una contradicción, lo que hace es tratar de chantajear a España, tratando de acentuar la, ya de por sí, clamorosa condescendencia que le muestra nuestro gobierno desde el 14-M. Así Rabat, primero azuza el problema para, luego, presentarse como solución. Ahora, eso sí, la "solución" pasa, en primer lugar, por tratar la soberanía de Ceuta y Melilla –cosa que hizo ZP en su reciente entrevista con Driss Jettu–, no hacer oposición alguna a las pretensiones de Rabat sobre el Sáhara y, desde luego, no hacer, por parte de España, la menor censura al maltrato dado a los inmigrantes en el que incurran las autoridades marroquíes a la hora de "solucionar el problema".
Ni que decir tiene que el gobierno de ZP no ha hecho la menor crítica a Rabat ni por las muertes, ni por el inhumano mal trato dado a los subsaharianos que ha "repatriado". Todo lo contrario, la vicepresidenta De la Vega ha tenido, incluso, la desfachatez de alabar el “respeto de los derechos humanos” del régimen marroquí.
Si criticamos hace unas semanas el desarme material y moral con el que el gobierno envió a nuestros policías y soldados a Ceuta y Melilla, es porque siempre respaldaremos el uso legítimo y proporcionado de la fuerza para velar por la legalidad y la seguridad de nuestras fronteras. Si entonces había que criticar los complejos de demócrata parvenu que, por culpa del gobierno, evidenciaban unos soldados apedreados por quienes no se querían someter a su autoridad, no menos criticable resulta ahora la ceguera voluntaria de nuestro gobierno ante los abusos y maltratos de las autoridades marroquíes que, nada tienen que ver con la fortaleza de un Estado de Derecho, sino, mas bien, con la brutalidad propia de un régimen liberticida como el marroquí.
