El gobierno no puede ocultar sus nervios y preocupación ante la manifestación contra la LOE que tendrá lugar el próximo sábado en Madrid. Si la ministra San Segundo se ha visto en la necesidad de manipular a la opinión pública tan groseramente como lo ha hecho a propósito del "aval constitucional del Consejo de Estado" a la LOE, hasta el ministro de Defensa ha tenido que echar una mano a su compañera de gabinete para, en su condición de católico "a lo Duran i Lleida", arremeter contra los obispos por secundar la manifestación contra un proyecto educativo que pretende, entre otras cosas, devaluar la asignatura de religión.
En primer lugar, cabe destacar la desfachatez de la ministra cuando se ha limitado a hablar del "aval constitucional" de marras, para ocultar, en realidad, el histórico varapalo del Consejo de Estado al anteproyecto educativo del gobierno. De las cosas más suaves que llegó a manifestar el Consejo de Estado del anteproyecto de Ley es su pesar porque "el presente proyecto, dada la ausencia de consenso respecto a su contenido, pueda llegar a ser simplemente uno más de los muchos que se elaboran (y normalmente se promulgan) cada vez que se produce alternancia de poder en el sistema democrático español en una cuestión tan esencial". Una "ausencia de consenso" histórica –añadimos nosotros–, como reflejan las cerca de 2.000 enmiendas al proyecto presentadas por el Consejo Escolar.
En términos mucho más contundentes se manifestó, con todo, el Consejo de Estado a la hora de reprochar al gobierno la erradicación de cuestiones tan esenciales en la enseñanza como son los valores del esfuerzo y de la capacidad del alumno y de no tratar de corregir el fracaso escolar. Los consejeros no ocultaban en su informe su estupefacción y desagrado ante el hecho de que sólo se evalúe para Selectividad lo aprendido en el último curso de Bachillerato, así como la indefinición de los responsables de los contenidos de los programas de diversificación curricular y la evidente imprevisión financiera. ¿A quién quiere engañar, pues, la ministra San Segundo al apelar a un informe del Consejo de Estado que literalmente llegó a decir que "hubiera sido deseable mantener en vigor, con algunas correcciones, la Ley de Calidad anterior"?
No menos criticable es la demagógica intervención del ministro de Defensa, quien ha dicho identificarse más con los obispos que trabajan por los pobres que con los que invitan a manifestarse contra la LOE. Vamos, como si "trabajar por los pobres" fuera incompatible con manifestarse contra un proyecto que, como la LOE, pretende relegar académicamente la religión y conculcar todavía más la libertad y la calidad de la enseñanza; como si no fueran precisamente las familias con menos recursos los principales perjudicados por el bodrio educativo que presenta el Gobierno. Porque, no nos engañemos. Por mucho que el Gobierno de ZP derogue la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza del PP, a los "ricos" no se les va a negar la posibilidad de que sus hijos accedan a una buena educación. Son precisamente los que dependen de los recursos públicos los que no pueden escapar de un modelo que, como la LOE, trata de igualar a todos por abajo.
Además de recortar la libertad de elección de centro por parte de las familias mediante el debilitamiento de las garantías de los conciertos, la propuesta de la LOE supone la ruptura de la cohesión territorial en materia educativa, al permitir que cada región diseñe el contenido curricular sin respetar un mínimo de enseñanzas comunes. Algo, sin embargo, que no le importa al "muy cristiano" y "muy español" ministro de Defensa, que se muestra a favor de la LOE con la misma obediencia debida con la que ha se mostró a favor de la admisión a trámite del Estatuto soberanista catalán. Y es que, si hay que reprochar la liberticida y farisea apelación al cristianismo de Duran i Lleida en defensa del Estatuto, no menos amordazadora e hipócrita es la intervención de un ministro que, como José Bono, ha terminado por convertirse en una patética coartada del gobierno de ZP.
