Nuestra Constitución, cuando habla de los partidos políticos, no deja el más mínimo resquicio a la duda: "Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". Es la frase final del artículo 6, uno de los nueve del Título Preliminar, lo que nos da una idea de la importancia que los padres de la Carta Magna concedían a este precepto.
Por desgracia, en España no es extraordinario que un artículo de la Constitución se incumpla flagrantemente, pero en pocos casos dicho incumplimiento tiene una influencia tan negativa sobre el conjunto del sistema como en este, porque la actual falta de democracia en los partidos políticos está en la raíz de no pocos de los problemas que los ciudadanos y los expertos señalan como claves en la situación del país: la mala calidad de la clase política, la corrupción, la falta de renovación en los partidos, la distancia cada vez mayor que separa a los ciudadanos de sus representantes políticos...
El problema es doble: por un lado, la ley electoral, con sus listas cerradas y bloqueadas, favorece el poder de unas cúpulas partitocráticas que toman sus decisiones en virtud de estrategias cortoplacistas, preocupadas más por su pervivencia que por el bien común. Por otro, esas mismas cúpulas no son fruto de una elección limpia, sino de procesos aparentemente democráticos que en realidad tienden a orillar la opinión no ya de los ciudadanos, sino de los propios militantes de los partidos.
Hasta ahora las voces que han defendido la necesidad de cambios en la ley electoral, o de esta democratización de la vida en los partidos, han sido minoritarias, como es el caso de UPyD; o respondían a intereses más propagandísticos y centrados en las propias batallas internas, que es lo que ocurre en un PSOE en el que sólo se acuerdan de las primarias cuando están en la oposición o si el líder está cuestionado.
Pero la situación ha llegado a un punto en el que no es suficiente con rechazar con cierto desdén propuestas como la que este mismo lunes hacía Aguirre, pidiendo "un cambio radical en nuestra Ley Electoral" y “elecciones internas en cada partido”. Los españoles, y más en mitad de esta durísima crisis, piden un cambio que los partidos actuales, anquilosados y encerrados en sí mismos, no van a ser capaces de abordar.
Porque ya no vale un sistema que podía tener cierto sentido en un momento de transición y cuando parecía, y quizá era así, que dar poder a los partidos políticos era el mejor camino para iniciar el tránsito a la democracia; porque la sociedad española del año 2013 demanda algo muy distinto de lo que pedía la de 1977; porque, en definitiva, sin democracia en las instituciones que la vehiculan no es posible creer que la sociedad española va ser plena y verdaderamente democrática.