Si el pasado mes de febrero el paro se hubiera reducido, aunque fuera de forma nimia y pasajera, comprenderíamos que cualquier Gobierno corriera a afirmar optimista que estamos ante un consolidado "punto de inflexión". Sin embargo, el de Zapatero ha demostrado, por boca del ministro Celestino Corbacho, que es capaz de tener esa misma voluntarista reacción aun cuando lo que se haya producido este último mes haya sido un escalofriante aumento del paro en 82.132 personas, el segundo mayor aumento del desempleo en dicho periodo de toda la serie histórica.

Más que poner buena cara al mal tiempo, lo que ha demostrado Corbacho "al hablar de punto de inflexión" es que la desfachatez de este Gobierno parece tener tan pocos límites como el paro. Al drama humano en el que están inmersos los más de 4,6 millones de desempleados (incluidos los 500.000 parados que Corbacho tiene la cara de contabilizar a parte), se le suma un dato que conduce a la quiebra nacional como son los más de 30.000 millones de euros anuales que el Estado se está gastando en indemnizaciones por desempleo.

A ello se suma el desesperanzador inmovilismo del Gobierno que, después de anunciar a bombo y platillo un gran pacto para la recuperación económica, ha terminado descolgándose con propuestas tan ridículas, por no decir nocivas, como estimular artificialmente el crédito a través del ICO, impulsar la vivienda protegida o llevar a cabo una ridícula reducción de impuestos limitada a una deducción en el IRPF por el coste del transporte público al ir al trabajo.

Si tenemos en cuenta que buena parte de la crisis en la que estamos inmersos se debe a los excesos, especialmente en el ámbito de la construcción, a los que nos ha conducido una política de abaratamiento artificial del crédito, la apuesta del Ejecutivo por el ladrillo, cuando ya hay un stock de un millón y medio de viviendas pendientes de ser vendidas, y de estimular un crédito que no tiene base en el ahorro voluntario sino en el gasto público, es tanto como querer huir de la resaca injiriendo más alcohol.

Estas medidas, además de contradecir la supuesta voluntad del Gobierno de que el ladrillo dejara de ser nuestro motor de crecimiento, van en la dirección opuesta de la drástica reducción de los impuestos y del gasto público que requiere nuestra economía. Si el Estado quiere favorecer la afluencia del crédito a las familias y empresas, lo que tendría que hacer es dejar de absorber buena parte del poco crédito disponible, tal y como está haciendo motivado por su contraproducente deseo de estimular la economía a través del gasto público. Por otra parte, ninguna ayuda a las familias y a las empresas es más eficaz y directa que una drástica reducción de impuestos, medida que por favorecer la creación de empleo y el crecimiento económico, podría en el futuro cercano permitir al Estado recaudar más gravando menos, con lo que no obstaculizaría, todo lo contrario, la reducción de nuestro monumental déficit público.

A la negativa del Gobierno de llevar a cabo una política de austeridad y de reducción de impuestos, se añade su persistente negativa a acometer otras reformas estructurales, especialmente las encaminadas a flexibilizar nuestro mercado laboral. Precisamente este martes la patronal ha propuesto un interesante contrato de "inserción" para jóvenes sin indemnización por despido. Sin embargo, a la vista está que Zapatero prefiere condenar al paro a millones de personas antes que contrariar a los sindicatos con una política que reduzca, suprima o deje al libre acuerdo de las partes la indemnización por el eventual y futuro despido de un trabajo que los parados aún no tienen. A eso tienen la desfachatez de llamarlo "política social" o "protección de los derechos de los trabajadores".

Y es que la desfachatez del Gobierno a la hora de maquillar el problema sólo es comparable a la de su incompetencia a la hora de solucionarlo.