Que un responsable político elogie a los que infringen la ley es ya de por sí escandaloso. Pero que lo haga uno que presume de su condición de exjuez y ha presentado este pasado profesional como gran aval ante los electores supera el terreno del escándalo para entrar en el del surrealismo y la indecencia políticos.
Sin embargo, lo cierto es que la falta de respeto por las leyes –especialmente las que no promulga ella– se está convirtiendo en una de las señas de identidad de la izquierda español.
En el caso que nos ocupa, los migrantes que saltan la valla de Melilla, estamos además ante la típica irresponsabilidad de una izquierda populista supuestamente bienintencionada pero que en realidad se limita a una impúdica exhibición sentimentaloide que no guarda la menor relación con la solución de los problemas. Por no hablar de la desfachatez que supone el hecho de que la esposa de Eduardo Leira vaya dando lecciones de sensibilidad social.
Que la alcaldesa de Madrid vaya de abuelita antisistema es una tremenda irresponsabilidad y una desvergüenza, la peor manera de aproximarse a problemas extremadamente complejos sobre los que no se debe frivolizar y, mucho menos, perpetrar escenitas de un oportunismo infecto. Que, evidentemente, se cuida mucho de alentar cuando de lo que se trata es de quebrantar las normas que dicta ella misma en la ciudad más importante de España.
La demagogia de las puertas completamente abiertas y el papeles para todos, sin el menor control, por supuesto que no ofrece una solución real a los que buscan desesperados la estabilidad, la seguridad y el bienestar en Occidente, y además envía a las sociedades de acogida un mensaje que, en lugar de integrador e inclusivo, suele derivar en reacciones muy peligrosas.
En poco más de un año, Manuela Carmena y su equipo de Gobierno, tan estrafalario como descalificable, no han hecho otra cosa más que demostrar que son indignos de estar donde están. Sólo descuellan en incompetencia y sectarismo. No están a la altura de una ciudad que no se merece padecerlos.