Para que un dirigente político como Rajoy, tan poco proclive a poner acentos a su desagrado, haya hablado de “pesadilla”, “cómico” y “disparate” para referirse a las declaraciones de una persona que preside, nada más y nada menos, que el Consejo de Estado, ya es muestra de la extrema gravedad que conlleva las declaraciones de Rubio Llorente.
Salvo por lo de “cómico”, los adjetivos de Rajoy han sido plenamente ajustados. El presidente del Consejo de Estado ha defendido, textualmente, “la conveniencia de que en la Constitución, en lugar de hablar de nacionalidades, se hable de comunidades nacionales que son entes que no se corresponden con ningún territorio concreto: La comunidad nacional vasca se extiende, como se explica bien en el célebre 'Plan Ibarretxe' en muchos territorios distintos de dos Estados diferentes". Además, afirmó que "la comunidad nacional catalana, abarca al menos tres comunidades autónomas". "De ahí mi sugerencia de sustituir el término nacionalidad por el de comunidad nacional, porque éste último no tiene componente territorial", concluyó.
Ciertamente que un jurista se base en el Plan de Ibarretxe para proponer reformas constitucionales, que no sólo ningunean a la nación española -pilar y fundamento de nuestra constitución-, sino también a la autonomía de comunidades como la valenciana, la balear, la navarra, -por no hablar de territorios franceses-, es el colmo de lo inadmisible.
Por mucho que Rubio Llorente deba el cargo a un ZP dispuesto a rendir España al nacionalismo, y por mucho que deba buena parte de su carrera profesional a un PSOE sin criterio nacional alguno, una persona que preside el Consejo de Estado debe asumir los costes de sus disparates.
Lo mejor que se puede decir de Rubio Llorente es que no sabe lo que dice, o sólo es portavoz de esa desvariada sociología de la que le arrancó el PSOE para hacerle avanzar en su carrera como jurista. Cuando se habla de una Constitución y de un Estatuto de autonomía se habla de tratados jurídico-políticos, no de etnicismos culturales que no tienen, además, base histórica alguna.
En el peor y, desgraciadamente, más probable de los casos, lo de Rubio Llorente es una muestra de servilismo a un PSOE que se dispone a pactar tanto con los independentistas catalanes como con los vascos; una muestra de servilismo a la que Rubio Llorente es capaz de inmolar su prestigio profesional.
De nada nos sirven los hipócritas desmarques que, desde las filas socialistas, se han hecho de estas declaraciones del presidente del Consejo de Estado. Si estas declaraciones las ha efectuado Rubio Llorente a “título personal” –tal y como desde el PSOE ha dicho Antoni Such-, que Zapatero le pida su dimisión a “título personal”. Fue Zapatero quien le nombró en el cargo, como para que ahora desde el PSOE se esconda la mano después de tirar la piedra.
En cuanto a las peticiones de dimisión que ya han surgido desde Baleares, la Comunidad Valenciana y, sobre todo, desde Navarra, sólo esperamos que lleguen al ámbito institucional. En cuantos a los territorios franceses, ellos sí, pueden limitarse a reír a carcajadas. Desgraciadamente, sólo para ellos pueden resultar “cómicas” las declaraciones de quien preside el Consejo de Estado en nuestro país.
