El Gobierno, con la complacencia de la oposición, ha impulsado un proceso con la banda terrorista en el que se han superado todos los límites. Se ha puesto la Justicia al servicio de los violentos, se ha llegado a instar a la Policía a abortar una operación contra el aparato de recaudación de la banda, se han permitido fugas tan sonadas como las de Josu Ternera e Iñaki de Juana, se ha abierto las puertas de las instituciones a los proetarras sin que hayan condenado atentado alguno. La lista de gestos, guiños y facilidades a los terroristas es tan amplia como la relación de ofensas, agravios y desplantes a las víctimas de ETA. Eso explica sin duda la satisfacción de los comisarios políticos de la banda y de la amplia familia nacionalista vasca, amalgamada en torno a dos objetivos: la independencia y la impunidad. Conseguida la segunda, nada se interpone en su camino, y aún menos un Estado reducido a mera categoría administrativa después de siete años de Gobiernos de Zapatero. Por el contrario, las víctimas constatan cómo los medios que más celebran la paz de ETA les niegan la voz, cómo los políticos que exhiben ahora sus lágrimas son los mismos que no acudían a sus manifestaciones, actos y congresos; los mismos que les dividieron y que les acusaron de profesionalizarse. Qué gran diferencia con el trato que se dispensa a quienes reivindican la memoria histórica.
La impúdica explotación electoral del comunicado etarra es una prueba más del valor meramente instrumental de éste. La entrega de las armas, la disolución y la petición de perdón serían las condiciones mínimas para el optimismo en relación al futuro político y social del País Vasco. Lo ocurrido la semana pasada es un montaje cuyas pretensiones son afianzar las expectativas de Bildu y reducir la distancia entre Rubalcaba y Rajoy, impedir la hasta hace cuatro días irrefutable, en términos teóricos, mayoría absoluta del PP. Es también el guión desvelado hace años por Mayor Oreja, cuyas denuncias le han costado el ostracismo en su propio partido. Es un desprecio a las víctimas y el pórtico del desmantelamiento judicial de la lucha contra el terrorismo, para pagar a ETA el favor con excarcelaciones y favores penitenciarios.
Rajoy no parece compartir la alarma de las víctimas y de los medios críticos con el Gobierno. Sus fluidas y excelentes relaciones con el presidente Zapatero le hacen albergar esperanzas sobre la bondad del proceso y la sinceridad y seriedad de las partes. Lo que no está nada claro es cómo ha llegado a confiar en unos individuos que negaron la crisis, siguieron negociando con ETA sobre los escombros de la T-4 y han llevado España a la ruina.