Habida cuenta del bochornoso trato de favor que la Fiscalía y la Abogacía del Estado están brindando a Doña Cristina de Borbón desde el mismo inicio del caso Nóos, no nos sorprende que la única petición de imputación de la infanta que le ha llegado al juez Castro sea de una de las acusaciones populares, la ejercida por el sindicato Manos Limpias. Lo que no esperábamos de la reiterada ceguera voluntaria del Ministerio Fiscal es que pretendiese al mismo tiempo silenciar las críticas que el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha hecho sobre el tratamiento de los datos fiscales de Aizoon y sus socios.
No otra cosa es lo que plasma el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, en un escrito en el que, además de volver a oponerse a la imputación de la infanta con evasivas y argumentos pueriles, como el de que "no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho", solicita la apertura de diligencias para determinar nada menos que las "responsabilidades penales" del presidente de Gestha, Carlos Cruzado, por cuestionar el cuestionable proceder de los inspectores de la Agencia Tributaria encargados de analizar las operaciones económicas de Aizoon.
Lo cierto es que Cruzado, en un ejercicio de libertad de expresión al que tiene pleno derecho, no hizo otra cosa que criticar que la Agencia Tributaria diera por buenas facturas por valor de 69.000 euros que previamente había dado por falsas, y por lo que Cristina de Borbón se libraría de la comisión de un delito fiscal.
¿También va a proceder penalmente la Fiscalía contra el director de El Mundo, diario que reveló la noticia? ¿Va a solicitar la apertura de diligencias contra el notario que participó en la constitución de Aizoon, quien en su declaración del pasado día 16 contó al propio fiscal que los socios le aseguraron que no había problema en que la infanta apareciese en la mercantil porque "no les inspeccionaban"?
Puestos a abrir diligencias en función de la gravedad de las denuncias, ¿va a proceder la Fiscalía contra el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, por considerar que cualquier mujer española en esas circunstancias "habría sido imputada desde el primer día"? ¿Va este fiscal a reclamar responsabilidades penales a los políticos que han denunciado trato de favor de Hacienda en este y en otros casos en los que nada tiene que ver la hija del Rey? ¿O es que las denuncias de trato de favor dirigidas a Hacienda no son perseguibles salvo que el supuesto beneficiario sea un miembro de la Familia Real?
Naturalmente que son graves las denuncias que no sólo Gestha sino infinidad de personas y medios comunicación han hecho respecto a lo que está sucediendo en Hacienda y hasta en la propia Fiscalía, especial pero no únicamente en el caso Nóos; pero lo grave no es que se denuncie sino que suceda.
Quién sabe si, pasadas las Navidades, el juez Castro imputará o no finalmente a la infanta Cristina. Pero, en caso afirmativo, ¿se le ocurrirá al fiscal acusar al juez instructor de prevaricación?