El pasado 20 de septiembre el titular del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ordenaba a la Guardia Civil una serie de registros en consejerías de la Generalidad y la detención de una docena de personas, entre ellas varios altos cargos de la Administración regional catalana. La orden del juez, perfectamente acorde a Derecho, se cursó de oficio, es decir, sin que se pidiese informe a la Fiscalía, a raíz de una denuncia presentada por el partido político Vox en el mes de febrero. No obstante, nada más conocerse la misma, el presidente de la Generalidad, el golpista Carles Puigdemont, acompañado de todos los miembros de su Gobierno, y desde el mismo Palacio de la Generalidad, se permitió hacer un incendiario llamamiento a los catalanes para que defendieran la democracia frente a unas actuaciones judiciales que descalificó como "una agresión contra el Gobierno de Cataluña coordinada por las fuerzas policiales del Ministerio del Interior con el objetivo de impedir al conjunto de los catalanes que se puedan expresar en paz y en libertad el 1 de octubre".
El impune cabecilla del golpe de Estado se permitió en esa sediciosa declaración incitar a la muchedumbre separatista contra unas "irrupciones policiales en diversas sedes del Gobierno de Cataluña" que –proclamó– conformaban "una situación inaceptable en democracia" y eran propias de "un Gobierno que pretende resolver por la vía de la suspensión del Estado de Derecho y del asedio a la democracia y las libertades lo que es la demanda de la inmensa mayoría del pueblo de Cataluña". Asimismo, hizo un llamamiento a "defender la democracia" con las "únicas armas" que, decía, tienen los separatistas a su alcance: la "respuesta ciudadana" y una "actitud pacífica" que, sin vergüenza, afirmó que les ha caracterizado durante todo el procés.
Habida cuenta de que no existe tal cosa como la violación pacífica de las sentencias y las leyes, y que el proceso secesionista iniciado en 2012 se ha caracterizado por el ostentoso y reiterado incumplimiento por parte de la Administración golpista de todas y cada una de las sentencias de los Altos Tribunales contra el mismo, no hay que extrañarse de que el llamamiento de Puigdemont desencadenara tumultos y peligrosas concentraciones de hispanófobos, que, ese día y el siguiente, protestaron y hasta entorpecieron la actuación judicial a cargo de la Guardia Civil, especialmente en la sede de la Consejería de Hacienda.
Es evidente que organizaciones separatistas bien subvencionadas por la Generalidad, como las que presiden Jordi Sánchez y Jordi Cuixart –ANC y Òminum Cultural, respectivamente–, alentaron y sirvieron de correas de transmisión de Puigdemont, como también lo hicieron –dicho sea de paso– los máximos responsables de la radiotelevisión pública catalana, alguno de cuyos reporteros se permitió dar botes, micrófono en mano, en el techo de un vehículo de la Guardia Civil vandalizado.
Ni que decir tiene que este delito de sedición liderado por el Gobierno de la Generalidad tuvo su continuidad los días posteriores, especialmente el 1 de octubre, en que los golpistas lograron que se llevara a cabo una votación fuera de las vías legales, tanto en la forma como en el fondo.
Asombrosamente, la única actuación de la Fiscalía ante todos estos hechos se ha limitado a la presentación de una denuncia por sedición contra los Jordis y contra el mayor y la intendente de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero y Teresa Laplana, limitando además el juicio de sus actuaciones a los días 20 y 21 de septiembre.
Así las cosas, los Jordis van a ser juzgados en aplicación no del artículo 544 del Código Penal, reservado a meros ciudadanos implicados en hechos sediciosos, sino del 545, que castiga más severamente a las "personas constituidas en autoridad" que "hubieren inducido o sostenido" un alzamiento público para impedir, fuera de las vías legales, la aplicación de leyes y sentencias. De esta forma la Fiscalía logra que Puigdemont, a pesar de ser el cabecilla del golpe, quede a salvo de cualquier acusación por este delito de sedición.
Por si no fuera suficientemente bochornosa esta actuación para todo aquel que crea que todos los ciudadanos –incluidos los mandatarios separatistas– deben ser iguales ante la ley, la Fiscalía limitó el juicio de las actuaciones del mayor y de la intendente a los días 20 y 21 de septiembre, en los que, ciertamente, aun no había quedado perfilada la inadmisible actuación de la Policía autonómica. Es más, en honor a la verdad, ningún responsable policial –por muy leal que fuera al ordenamiento constitucional– hubiera podido disolver el tumulto que el Gobierno de la Generalidad incitó con el ciertamente decisivo apoyo de las plataformas que presiden los Jordis.
En cualquier caso, la lealtad de los Mossos d'Esquadra a sus sediciosos superiores políticos, que nos son otros que los miembros del Gobierno de Puigdemont, fue mucho más clara en los días posteriores, especialmente el 1 de octubre. Sin embargo, ningún juez, acorde al principio de res extra petita, puede ni podrá pronunciarse por unos hechos o actuaciones por los que no se les ha pedido juicio.
Por eso mismo, cualquier ampliación de la querella que no tenga por objetivo la inclusión en la acusación por el delito de sedición de la máxima autoridad responsable, que no es otra que Puigdemont, será una auténtica tomadura de pelo. Y lo será aunque consiga llevar a prisión a al secuaz Trapero.
Sencillamente, y por mucho que Rajoy aspire descaradamente a ello, no puede haber"vuelta a la legalidad" que deje impune tanto delito o que haga recaer el castigo en meros subordinados de Puigdemont.