La economía española, por desgracia, presenta todavía numerosos sectores y actividades en los que la libertad y la necesaria competencia brillan por su ausencia por culpa del intervencionismo político y el interés corporativo, con el consiguiente daño que ello supone para el conjunto de la población. La televisión es uno de esos campos en los que dicho problema estructural sigue estando muy presente. Tanto es así que hasta el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada, reconoció este viernes que "hay un duopolio clarísimo que está empezando a preocupar extraordinariamente", en referencia al control casi absoluto que ejercen el grupo Atresmedia y Mediaset, cuyos canales concentran el 85% de la tarta publicitaria.
Sin embargo, la hipocresía de dicho organismo al respecto no puede ser mayor. En primer lugar, porque fue Competencia el que, en el verano de 2012, autorizó, aunque con condiciones,la fusión de Antena 3 y La Sexta, limitando aún más la ya escasa pluralidad existente en el ámbito audiovisual, tal y como pretendía el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y, en segundo término, porque por mucho que escandalice ahora esta situación a Marín Quemada, la entidad que preside no ha hecho absolutamente nada durante todo este tiempo para tratar de corregir este preocupante duopolio. Se trata, por tanto, de un mero canto al sol sin ninguna validez ni esperanza de cara a una necesaria y auténtica liberalización de un sector cuyo peso es clave para influir en la opinión pública y conformar la agenda política del país.
El poder de la televisión desde el punto de vista mediático sigue siendo enorme, de ahí el gran interés de los distintos partidos para que no exista una competencia real capaz de esquivar su control. El duopolio actual es el fruto de los distintos y constantes favores que han ido realizando los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del PP, a ambos grupos empresariales con el fin de mantener su dominio en este ámbito de forma indirecta. Se ve que no les bastaba con las ruinosas y mastodónticas televisiones y radios públicas que mantienen a nivel nacional, autonómico y local gracias al dinero de los contribuyentes. También debían manejar a su antojo la esfera de la televisión privada mediante la creación progresiva, pero constante, de un duopolio cuyo tamaño y poder impidiera la entrada y el crecimiento de nuevos competidores.
Es así como los gobiernos logran marcar, en mayor o menor medida, la agenda pública. No es casualidad, por tanto, que la aparición de Podemos fuese impulsada convenientemente desde los platós de televisión con la connivencia del PP para dañar al PSOE con fines electoralistas, entre otras muchas manipulaciones e influencias perpetradas desde el poder político en interés propio.
El arcaico y retrógrado sistema de licencias vigente, por el cual los políticos se arrogan la potestad de conceder o denegar permisos a los medios de comunicación para poder operar en radio y televisión, la particular estrategia de fusiones corporativas autorizada y/o alentada desde las filas socialistas y populares o el fin de la publicidad en RTVE para favorecer a estos dos grupos a costa, eso sí, de las nuevas 'mordidas' asestadas a las compañías de telecomunicaciones son los tres grandes pilares sobre los que se asienta el deleznable duopolio televisivo español.
Siendo la libertad de prensa y la libertad de expresión dos de los principios básicos de cualquier democracia digna de tal nombre, urge que España aborde una profunda reforma en este ámbito mediante la completa liberalización del espectro radioeléctrico y el cierre de todos y cada uno de los medios públicos para permitir la aparición y el desarrollo de una televisión libre y competitiva.