La homilía de este domingo en la que el cardenal arzobispo de Toledo, Monseñor Cañizares, ha advertido que los "juicios falsos e injustos" contra la Iglesia "jamás" lograran "silenciar su palabra", bien puede interpretarse como una valiente e inamovible reivindicación del derecho a la libertad de expresión por parte de la Iglesia Católica frente a la nueva e intimidatoria campaña de descalificaciones, insultos y falsedades desatada por el Gobierno de Zapatero a raíz del documento sobre las elecciones del 9 de marzo que recientemente difundía la Conferencia Episcopal.
Vaya por delante que la Iglesia Católica, como cualquier otra organización de la sociedad civil, tendría todo el derecho a pedir abiertamente el voto para una concreta y determinada formación política. El hecho cierto, sin embargo, es que a lo que se han limitado los obispos, como en tantas otras ocasiones, es a hacer una clara y firme defensa de los valores morales de su fe al tiempo que un llamamiento a los católicos a "valorar responsablemente las distintas ofertas políticas" teniendo en cuenta que "no todos los programas son igualmente compatibles con la Fe y con las exigencias de la vida cristiana".
La defensa del matrimonio como unión heterosexual, monógama e indisoluble, o del derecho a la vida desde el mismo momento de su concepción o del derecho de los padres a formar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas son principios que la Iglesia Católica viene reclamando en todo momento y lugar, y no tendría sentido que los obispos no llamaran a los católicos a tenerlo en cuenta de cara a estas elecciones.
Lo que resulta delirante es que el Gobierno de Zapatero finja no haber legislado ni tratado de volver a legislar contra esos valores que defiende la Iglesia Católica, al tiempo que descalifica y manipula lo que dicen los obispos en el referido documento.
Tal es el caso de la supuesta utilización política del terrorismo. Lo cierto es que no ha sido la Conferencia Episcopal sino el propio Zapatero el que ha confesado que, a diferencia de todos los gobiernos anteriores, sus representantes sí mantuvieron un "diálogo político" con los terroristas. Los obispos lo único que han dicho es algo tan elemental como que "una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor".
No por conocida resulta menos manipuladora la insistencia de los miembros del Gobierno al hacer creer que lo que lo que dice la Conferencia Episcopal en sus recomendaciones no es lo que defiende la Iglesia Católica en sus conjunto, sino sólo veinte de sus obispos, tal y como han querido dar a entender Bono o Moratinos.
También resultan ya conocidas las veladas amenazas lanzadas desde los aledaños del Gobierno de derogar los acuerdos Iglesia Estado, como si el dinero que los contribuyentes pueden dirigir al mantenimiento de la Iglesia pudiera servir al Gobierno para estrangular la libertad de expresión de los católicos.
En cualquier caso si, tal y como ha advertido Monseñor Cañizares, ningún "juicio falso e injusto" lograra jamás "silenciar" a la Iglesia, menos aun lo habrá de conseguir el dinero público.
