Por mucho que consideremos a Cándido Conde-Pumpido como el peor Fiscal General del Estado que haya tenido nuestro país, no podemos estar más de acuerdo con él al discrepar "radical y profundamente" de la resolución del Tribunal Constitucional que ha revocado la condena a tres años y cuatro meses de cárcel por estafa, impuesta por el Tribunal Supremo a Alberto Cortina y Alberto Alcocer por el llamado caso Urbanor.
Naturalmente todos los tribunales de Justicia deben seguir aquel principio del Derecho Romano del in dubio pro reo, con independencia de lo ricos o pobres que sean los acusados. Ahora bien, el propio Tribunal Constitucional reconoce que no existe duda alguna de que Cortina y Alcocer estafaron a sus socios en 1998 en la compraventa de los solares de la Plaza de Castilla y que ello ha quedado acreditado en "virtud de una prueba suficiente y practicada con todas las garantías".
El Alto Tribunal considera, sin embargo –y aquí está lo escandaloso–, que el delito había prescrito porque el plazo debe computarse desde la fecha de la comisión del acto hasta que la querella es admitida a trámite por el juez. El fallo condenatorio del Supremo, por el contrario, lo fijaba hasta la fecha de presentación de la querella ante el juzgado.
Esta nueva interpretación acerca de cuándo se interrumpe la prescripción de un delito carece de la más elemental lógica jurídica y supone un cambio de doctrina que contradice la que ha aplicado el Supremo y venía aplicando el propio Tribunal Constitucional. Lo más grave es que provoca una inadmisible inseguridad jurídica por cuanto no existe un plazo marcado para que el juez tenga que admitir la denuncia.
De esa inseguridad jurídica solo puede sacar provecho la impunidad del delincuente, y eso nada tiene que ver con el beneficio de la duda que merece un acusado.
