Pocas veces una buena noticia para el Estado de Derecho ha dejado tan en evidencia el mal funcionamiento de la Administración de Justicia como el aval que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha recibido de la Junta de Fiscales de Sala para la presentación de una querella por prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas. Porque si un triunfo para el imperio de la Ley, aunque sea provisional, es que el fiscal general del Estado y la cúpula del Ministerio Público no hayan cerrado los ojos ante la clamorosa ilegalidad que constituyó la consulta secesionista del 9-N, no deja de resultar vergonzoso que el informe elaborado por los miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña considerase que no cabía ver en los mismos hechos la comisión de delito alguno.
Cabe preguntarse si, además de reiterar su orden al fiscal superior de Cataluña para que en próximos días formule la querella, Torres-Dulce va a tomar alguna medida disciplinaria o va abrir algún expediente de remoción contra unos fiscales que, haciendo caso omiso del principio de jerarquía que rige el Ministerio Publico y cerrando los ojos ante la ilegalidad perpetrada, se han negado a dar curso a su orden.
El tiempo dirá, por otra parte, si el aval a esta justificada querella no es más que un espejismo que haga creer a a ciudadanía que la celebración del 9-N finalmente sí acarreará consecuencias penales para sus máximos responsables. Sea como fuere, ahora se impone defender al fiscal general del Estado de quienes le han acusado de ser el mamporrero del Gobierno contra los secesionistas.
Ojalá el Gobierno hubiera instado al fiscal general del Estado a promover ante los tribunales "las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público", tal y como textualmente contempla el artículo 8º del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Lo cierto, sin embargo, es que el Gobierno en ningún momento ha hecho requerimiento alguno a la Fiscalía, sino que, por el contrario, ha dado una versión del 9-N más acorde al informe de los fiscales catalanes que al de una Fiscalía General del Estado que parece considerar que la celebración de la consulta secesionista podría haber supuesto la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, llegó a declarar que lo que el 9-N había demostrado era que "el Estado de Derecho y las reglas del juego funcionan". Por su parte, el ministro Soria dijo que no era más que "una apariencia de consulta que no tiene efecto ni ninguna consecuencia". En parecidos términos se manifestaron la vicepresidenta y el propio Rajoy, que, haciendo suyos los juegos de palabras de los nacionalistas, llegó a afirmar que ningún referéndum ni consulta ilegal se había perpetrado.
Aseverar que el Gobierno ha presionado a la Fiscalía General del Estado es tanto como creer que Alicia Sánchez Camacho marca las directrices de aquél. Sus inoportunas declaraciones respecto de una querella que aún no ha sido formalmente presentada no eran más que el eco de algo que ciertos medios daban por inminente. Es normal que los nacionalistas utilicen las palabras de Sánchez Camacho, o las de Carlos Floriano, para hacer creer que el fiscal ha actuado presionado por el Ejecutivo que lo nombró. Pero es claro que Torres-Dulce ha actuado en este asunto con una encomiable independencia respecto de un Gobierno que ha sido el primero en quitar gravedad a unos hechos que no se atrevió a impedir.