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Columna publicada el 14-01-2004
La Comisión Europea, por fin, ha decidido denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE la decisión del Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) del 25 de noviembre de suspender los procedimientos por déficit excesivo contra Francia y Alemania. Como estaba previsto, la propuesta que en su día lanzó el comisario europeo de Economía y Asuntos Monetarios, Pedro Solbes, ha salido adelante. Solbes contaba a su favor con el informe del 16 de diciembre de los servicios Jurídicos de la UE, que ya dictaminó entonces la ilegalidad de la decisión del Ecofin.
Desde que el Ecofin tomó la funesta decisión de suspender las sanciones contempladas en el Pacto de Estabilidad del Euro contra los déficits por encima del 3 por ciento del PIB, en los que Francia y Alemania van a incurrir por tercer año consecutivo, hemos manifestado que asistimos no sólo al mero incumplimiento de un criterio macroeconómico, sino a una quiebra del Estado de Derecho, a una consentida desigualdad ante la ley, a una falta de seguridad jurídica respecto a los pilares en los que se basa nuestra moneda única. A la larga, este deterioro normativo tiene unos perjuicios económicos muy superiores a los que ya provoca el desequilibrio contable entre los gastos y los ingresos de los Estados.
Fue ciertamente lamentable que unos ministros de Economía –con la honrosa excepción de los de España, Austria, Países Bajos y Finlandia– pasaran por alto –bien por inconsciencia, bien por cesión a la presión del eje franco-aleman– lo esencial que resulta el imperio de la ley y el cumplimiento de los contratos –también los acordados por los Estados–, no sólo para nuestra moneda única, sino también para toda nuestra economía de mercado. El derecho y la economía no son compartimentos estancos. Si no lo ha entendido así la mayoría de los economistas que integran el Ecofín, esperemos que sí lo hagan los juristas que forman parte del Tribunal Superior de Justicia de la UE. De su independencia depende no sólo la estabilidad de la moneda de Europa sino también la seguridad jurídica de todas sus normas.
