Por si fuera poco las doce horas de directo que TV3 dedicó a las reivindicaciones secesionistas de la Diada, la televisión autonómica catalana transmitió apenas 24 horas después un reportaje sobre la "cadena humana por la independencia" para el informativo destinado a niños que emite su canal infantil. Allí se pudo ver cómo niños de entre 12 y 14 años, envueltos en banderas esteladas, abogaban por la independencia de Cataluña con declaraciones tales como "España tendrá que rendirse" o "Cataluña perdió su independencia en 1714".
Está visto que los nacionalistas están dispuestos a recurrir a todo –incluida la utilización de la infancia como medio de propaganda política– en favor de su causa separatista. Lo que, lamentablemente, también ha quedado una vez más de manifiesto es la falta de reacción de los partidos supuestamente constitucionalistas ante este bochornoso espectáculo, propio de un régimen colectivista y totalitario: si el PP –únicamente por boca de Alfonso Alonso– se ha limitado a pedir que programas así "no se repitan", el PSOE no ha hecho declaración alguna. Sólo la reacción de Ciutadans ha estado a la altura de esta "locura de manipulación y propaganda" y ha pedido a la Fiscalía que estudie si con ella se ha vulnerado la Ley del Menor.
Lo que es evidente es que hemos asistido a nueva y bochornosa utilización del dinero público y de la infancia a favor de un proyecto destinado a erradicar de Cataluña todos los lazos históricos, lingüísticos, jurídicos y afectivos que unen a los catalanes con el resto de los españoles. Lo que está también claro es que este espectáculo no es sino lógico reflejo de años de educación en el desconocimiento y en la desafección, cuando no en la mentira y en el odio, hacia España; todo ello con la irresponsable condescendencia de unas autoridades españolas que, con tal de evitar el conflicto con los nacionalistas, han abdicado de sus responsabilidades.
Esta claro que este lamentable perfil bajo que las autoridades españolas están manteniendo ante el desafío secesionista catalán, lejos de ser una solución, está siendo parte decisiva del problema. El nacionalismo ha demostrado de palabra y de obra que prefiere elevar los impuestos a los catalanes, endeudarlos o recortarles servicios como la educación o la sanidad antes que renunciar a su proyecto de construcción nacional, por muy ilegal y caro que sea. Los casi mil millones de euros del contribuyente que la Generalidad ha inyectado en los últimos tres ejercicios a TV3 es sólo una pequeña muestra.
Lo lamentable es que para ello los nacionalistas hayan contado y sigan contando con el auxilio financiero de una Administración central que en ningún momento ha condicionado esa financiación extraordinaria al cese de todo este gasto destinado a respaldar, también entre la infancia, un ilegal y empobrecedor proyecto de sedición y de ruptura. Pero en eso estamos y en eso seguimos.