Finalmente, la infanta Cristina ha tenido que declarar en el juicio por el caso Nóos. La escena que tantos han intentado evitar con tanto ahínco al final se ha producido.
Eso sí, en un nuevo desprecio a la Justicia, la acusada ha decidido no responder a las preguntas de la acusación particular. Es cierto que Cristina de Borbón se ha amparado en un derecho que asiste a todo el mundo, pero no lo es menos que disfrutar de los enormes privilegios de los que ella ha disfrutado conlleva también unas mínimas responsabilidades y una exigencia de ejemplaridad a las que la esposa de Iñaki Urdangarin ha renunciado por completo, mientras que por el contrario no ha renunciado –al menos voluntariamente– a todo lo que su condición de infanta de España le ha supuesto, incluyendo su puesto en la línea de sucesión.
Además, Cristina de Borbón y sus abogados han insistido en una versión de los hechos increíble y contradictoria: ella no hacía nada en la empresa ni tenía conocimiento de nada, pero al mismo tiempo está convencida de la inocencia de su marido, cuyas actividades asegura desconocía. ¿Cómo puede, pese a los abrumadores indicios en el sentido opuesto, estar tan segura de la ausencia de delitos, si no sabía lo que ocurría ahí?
Capítulo aparte merece la incalificable actitud de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que han renunciado a preguntar a la infanta. Incluso en la hipótesis de que todos crean de buena fe en la inocencia de Cristina de Borbón, cualquier ciudadano se preguntará por qué han dejado de hacer aquellas preguntas que hubiesen permitido un conocimiento más cabal de lo ocurrido y, por tanto, de la proclamada inocencia de la infanta.
Ha sido la penúltima escena de un drama en el que se ha podido constatar que la Justicia en España no es igual para todos, sobre todo en aquello en lo que depende del poder político.
El caso Nóos ha sido la gran oportunidad de los últimos años para transmitir precisamente lo contrario de lo que se ha dado a entender: que el sistema es capaz de regenerarse sin necesidad de grandes cataclismos, que la Justicia podía ser justa sin necesidad de ser revolucionaria.
Obviamente no es la única causa, pero ha sido otra más –y no la menor– del descrédito institucional que padece la Nación. Algo que se ha logrado con la inestimable colaboración de la propia infanta, de su padre y del poder político que se ha puesto a su servicio en lugar de al servicio de la verdad, como era su obligación.