El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concretado en datos el escalofriante caos que padecen los juzgados de causas penales. Según el informe del órgano de gobierno de los jueces, el número de sentencias de lo penal que estaban pendientes de ser ejecutadas en España a finales del 2007 ascendía a casi 270.000. Y eso, sin contar la dilación que, con posterioridad, hayan podido generar los más de dos meses de huelga que han protagonizado los funcionarios de Justicia, ante la incompetente pasividad del ministro Bermejo.
A la célebre máxima de que una "justicia lenta no es justa", podríamos sumar la reflexión de Cesare Beccaría que señalaba que "cuanto menor sea el tiempo que transcurra entre la pena y el delito, tanto más fuerte y duradera será en el alma humana la asociación de estas dos ideas: delito y pena, de tal suerte que se consideren, la una como razón y la otra como efecto necesario". Sin embargo, huelgan citas y reflexiones estando tan reciente el dramático "caso Mari Luz", cuyo asesino gozaba de libertad pese a tener condenas anteriores pendientes de cumplimiento. Eso, por no hablar de casos opuestos –si bien mucho más infrecuentes– como el de un acusado de robo en Granada que, tras su absolución, permaneció aún ocho meses en prisión preventiva.
Por mucho que no todos los casos revistan la misma gravedad, el hecho de que haya más de un cuarto de millón de sentencias pendientes de ejecutar en España supone un dato que, por sí solo, cuestiona de raíz todo nuestro sistema de administración de justicia. Si a esa cifra le sumamos los casos que están pendientes de juzgar o la lenidad con la que muchas leyes castigan el delito, podemos hacernos una idea de hasta qué punto van desorientadas las soluciones que, como las propuestas por el Gobierno, tratan de atajar los delitos con un mero incremento del número de policías.
Desde aquí animamos al CGPJ a que remate su labor de denuncia y haga también un informe sobre el número de delitos que se han perpetrado en España gracias exclusivamente a que sus autores se beneficiaban de la falta de ejecución de sus sentencias o al incumplimiento integro de la condena por delitos anteriores.
