Si Madrid se ha convertido en la comunidad autónoma con mejor sanidad pública, tal y como indican tanto las encuestas de satisfacción de los usuarios como la opinión de los profesionales sanitarios, se debe en gran medida a la espléndida gestión del exconsejero Javier Fernández Lasquetty.
Bajo el mandato de Lasquetty se instauró el Área Única Sanitaria y se implantó la Ley de Libertad de Elección, por la que los usuarios del Servicio Madrileño de Salud pueden escoger especialista y enfermera en cualquiera de los centros sanitarios de la región. Además de la potenciación de la central de compras y la concentración de la atención a patologías y procesos complejos en unidades altamente especializadas, Lasquetty llevó a cabo la externalización de servicios en los hospitales públicos para su gestión privada, la privatización de la atención sanitaria (utilizando el modelo de concesión capitativa) en seis de los siete hospitales de gestión privada construidos en los últimos años y la privatización del 10% de los centros de salud de la región, dando prioridad en su gestión a la participación de los profesionales sanitarios que quisieran constituir sociedades para gestionarlos.
Sin embargo, la furibunda y artera campaña orquestada por la oposición socialista y los sindicatos, que equiparaba la privatización de la gestión de los hospitales públicos con el fin de la gratuidad y del sistema público sanitario, unida a la decisión del TSJM de suspender cautelarmente la externalización de la gestión hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre su legalidad, llevó al presidente Ignacio González a paralizar el proceso de externalización y a aceptar, en enero del pasado año, la dimisión de Lasquetty.
Este martes el Tribunal Constitucional se ha pronunciado por fin sobre la cuestión y ha dado la razón por unanimidad al Gobierno madrileño. Aunque la sentencia sea impecable, no deja de resultar lamentable que el Alto Tribunal haya tardado tanto en avalar algo tan obvio desde el punto de vista jurídico como que la gestión privada no pone en riesgo el régimen público sanitario. Aunque esta tardanza en el pronunciamiento no haya sido obstáculo para constatar la exitosa gestión privada de algunos hospitales públicos, sí ha impedido aplicarla en otros hospitales y ha reducido buena parte del potencial de los cambios introducidos por Lasquetty.
La sentencia del Constitucional deja, en cualquier caso, en evidencia la engañosa campaña orquestada por los socialistas, que no sólo cuestionaron la legalidad de la medida sino que ocultaron el hecho de que la gestión de no pocos hospitales públicos en Andalucía está en manos privadas.
No menos lamentable resultó y resulta la acomplejada actitud del PP nacional, que, más que defender, mostraba incomodidad y distancia con estos cambios en el modelo de gestión sanitario, no sólo acordes con el ideario del partido y la legalidad, sino plenamente satisfactorios para la mayoría de los usuarios.
A pesar del aval del Constitucional, no se sabe si, tras la defenestración del presidente madrileño por parte de Rajoy, la gestión privada de los hospitales públicos, a la que tanto debe, aun en época de recortes presupuestarios, la calidad de la sanidad madrileña, proseguirá su camino. Lo que es evidente es que los resultados de la gestión privada de los hospitales, tanto como el Tribunal Constitucional, han dado la razón a Lasquerty, a Esperanza Aguirre, a Ignacio González y a cuantos en el PP no se avergüenzan del ideario liberal.