Bajan revueltas las aguas del panorama periodístico español. La causa, esta vez, no hay que buscarla en el irreverente periodismo rosa que se ha hecho dueño de buena parte de la parrilla televisiva, sino en las asociaciones de la prensa, exactamente en el organismo nacional que las reúne a todas. La FAPE, o Federación de Asociaciones de Prensa de España, ha constituido un Consejo Deontológico para “velar por el cumplimiento de los principios éticos del periodismo que recogen sus estatutos”. Con este objetivo declarado, la FAPE se arroga la autoridad para actuar por sí mismo o a instancias de terceros contra cualquier información publicada en cualquier medio de comunicación.
El Código Deontológico que dicha Federación pretende hacer cumplir a través del recién creado consejo es, indudablemente, un útil prontuario para todos los profesionales de la información. Muchos periodistas deberían conocerlo para dignificar su profesión y hacer del oficio de informar un sinónimo de independencia y compromiso con la verdad. Sin embargo, es un disparate elevar un simple conjunto de principios generales a la categoría de catecismo de obligado cumplimiento sometido al arbitrio de un tribunal informal.
Luis María Ansón, que carga a sus espaldas varias décadas de experiencia en la profesión, dejó meridianamente claro hace dos días desde La Razón que la única sujeción que ata a un periodista en un país libre es la Ley. Nada más, y nada menos. El informador, como cualquier otro ciudadano, sólo se somete al imperio de las leyes, que son iguales para todos y que a todos amparan. El código penal o el civil se bastan y se sobran para castigar a un periodista que, por ejemplo, ha difundido una información falsa. No es necesario que un autolegitimado consejo -formado curiosamente por una mayoría de periodistas- se erija en tribunal alternativo a la justicia ordinaria que, por principio, posee el monopolio del derecho con el fin de que las normas sean las mismas para todos.
Tras la mascarada de la FAPE no puede sino vislumbrarse la puesta en marcha de un instrumento que proporcione a sus mentores más poder y una capacidad de intimidación hasta hoy desconocida. La libertad de expresión, y su prima hermana la libertad de prensa, pueden quedar seriamente comprometidas si el consejo de marras consigue imponer su peculiar visión de un periodismo sujeto a escrutinio constante por parte de un comité no reconocido más que por él mismo. El “nihil obstat” a la información publicada desapareció de nuestra prensa, por fortuna, hace mucho tiempo. Ni los periodistas, ni los que a diario reciben la información elaborada por éstos desean que órgano de ningún tipo se atribuya la potestad de dar y quitar patentes de periodismo bien hecho.
Esta misma semana, el diario El Mundo se posicionó sin ambages contra la constitución del Consejo y el fin que éste persigue. Profesionales de muchos medios han apoyado su iniciativa. Periodistas libres, conscientes de la importante labor que una prensa independiente realiza en una Nación democrática como la nuestra. El rotativo madrileño ya ha adelantado que “en ningún supuesto o circunstancia, reconocerá la autoridad de ese órgano”. Libertad Digital secunda la postura de nuestros colegas de El Mundo y reafirma su compromiso por un periodismo independiente, veraz y libre, sometido al imperio de la Ley.