Impecable y demoledor. Así cabe calificar el escrito con el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la libertad condicional concedida por el juez de Vigilancia, José Luis de Castro, al etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria Bolinaga, asesino de tres guardias civiles y secuestrador de José Antonio Ortega Lara.
El Ministerio Fiscal empieza por acusar al juez De Castro de vulnerar garantías esenciales del procedimiento por no haberle trasladado el informe de los facultativos que examinaron al recluso, ni antes ni después de emitir el dictamen judicial. Tambien acusa al juez de "deslealtad" y "mala fe" por trasladarse a ver al preso y a los facultativos sin notificarlo al Ministerio Fiscal hasta el día siguiente, lo que también privó a éste de la posibilidad de intervenir en las diligencias
Pero al margen de estas "irregularidades procesales", ciertamente de bulto, por las que pide la nulidad de pleno derecho de las actuaciones, la Fiscalía también reclama, en caso de que se rechace dicha nulidad, la denegación de la concesión de libertad condicional por aplicación indebida del artículo 92.3. y no cumplirse los requisitos exigidos por la ley, tales como el de estar el recluso en fase terminal, haberse arrepentido públicamente de su actividad terrorista o haber brindado ayuda a la lucha contra el terrorismo.
Si la actuación del juez ha resultado bochornosa, tanto en la forma como en el fondo del asunto, no menos vergonzoso resulta el papel desempeñado por el Gobierno: el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que hace escasamente unos días defendía la concesión del tercer grado al sanguinario etarra como si de un imperativo legal se tratara ,y porque "no somos como ellos", ha corrido este miércoles a alinearse con el fiscal sobre la base de que éste "debe estar siempre presente en todas y cada una de las actuaciones". La falacia de Gallardón no se limita, sin embargo, a ceñirse exclusivamente a las "irregularidades procesales" que denuncia la Fiscalía, también reluce cuando señala que la Fiscalía establece "la legalidad de las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior", ya que en dicho escrito se "diferencian perfectamente cuáles son los requisitos que hacen falta para adquirir el tercer grado y cuáles son los requisitos distintos que son necesarios para la excarcelación".
Nadie, sin embargo, ha acusado de ilegalidad al Gobierno por conceder el tercer grado a Bolinaga. De lo que muchos le hemos acusado, y lo seguimos haciendo, es de mentir por decir que la ley le obligaba a ello. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sabía que faltaba a la verdad cuando dijo que el Gobierno prevaricaría si no concedía el tercer grado a Bolinaga; como lo sabia también Ruiz Gallardon cuando aseguró que el Gobierno, al concedérselo, no hacía otra cosa que cumplir con lo que obligaba la ley. Y ambos lo sabían porque saben mejor que nadie que el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario permite pero en modo alguno obliga a Instituciones Penitenciarias a conceder el tercer grado a enfermos como Bolinaga.
Como bien ha señalado en su escrito, el fiscal "difícilmente podría" recurrir la concesión del tercer grado, teniendo en cuenta la enfermedad del recluso y la voluntad del Gobierno de concedérselo. Cosa distinta, efectivamente, es la concesión de la libertad condicional, que supone la total excarcelación, y que exige no solo la previa obtención del tercer grado, sino que la enfermedad del recluso esté en fase terminal o se haya el sujeto arrepentido o colaborado con la Justicia, requisitos ciertamente distintos y que no cumple el asesino de tres guardias civiles y cruel secuestrador de Ortega Lara.