El 23 de enero de 1995, los etarras Valentín Lasarte, Francisco Javier García Gaztelu –Txapote- y Juan Ramón Carazatorre –Zapata- asesinaron a Gregorio Ordóñez mientras comía en el restaurante La Cepa de la parte vieja de San Sebastián con compañeros del Ayuntamiento, entre ellos María San Gil. Al cumplirse dieciocho años de ese crimen, la fundación que lleva su nombre organizó ayer un sencillo acto de homenaje frente a la sepultura del político vasco; la misma que ha sido profanada en repetidas ocasiones por aquellos que hoy dirigen la vida institucional en la ciudad de la que Gregorio Ordónez era Teniente Alcalde, todo un símbolo de los "nuevos tiempos" a los que alude la actual clase política para justificar sus apaños.
Como señaló precisamente ayer María San Gil en su alocución, muchas cosas han cambiado desde entonces en la política vasca hasta el extremo de hacerla irreconocible. Pero no sólo porque la dirección actual del Partido Popular Vasco haya decidido dar por periclitada la línea política que tan admirablemente ejemplificó Gregorio Ordóñez a costa de su vida, sino porque, además, las instituciones oficiales, la clase política apenas sin excepción y una gran parte del conjunto de la sociedad, han concedido a la banda terrorista una victoria política a cambio únicamente de dejar de asesinar.
De estar situado fuera de la ley y privado de sus principales fuentes de financiación, el brazo político de la banda terrorista ETA ha pasado a formar parte de las instituciones simplemente cambiando su denominación. Los integrantes del entramado etarra ni han renunciado a sus propósitos, ni condenado su pasado criminal ni, por supuesto, van a pedir perdón a las víctimas o a contribuir a esclarecer los más de trescientos asesinatos que todavía siguen impunes, todo lo cual no ha sido obstáculo para que la ETA tenga en la actualidad más de 1.200 cargos públicos, entre ellos algunos tan relevantes en términos políticos y sociales como la alcaldía de San Sebastián y el Diputado General de Guipúzcoa.
Pero lo verdaderamente estremecedor es que esos colaboradores necesarios de la banda terrorista son tratados hoy con toda normalidad por el resto de fuerzas políticas, incluido el Partido Popular Vasco tal y como se han encargado de dejar claro sus actuales dirigentes. Son "nuevos tiempos", dicen para justificarse. Desde luego lo son, pero no para los que apoyan a los asesinos de Gregorio Ordóñez, que siguen defendiendo los mismos propósitos de siempre y ahora, además, con un sueldo oficial pagado por sus víctimas.
Por toda esta traición institucionalizada a los valores por los que casi mil españoles perdieron su vida, la reivindicación de la memoria de Ordóñez es hoy, como se encargaron de recordar ayer tres mujeres ejemplares, su hermana, su esposa y su principal colaboradora, más pertinente que nunca.