Como ya explicamos ayer, uno de los rasgos más distintivos del Gobierno de Zapatero es el proceso de ideologización al que quiere someter a la sociedad. El Estado deja de ser una herramienta destinada a defender los derechos individuales para que los ciudadanos puedan sostener sin represalias sus propios puntos de vista y se convierte en el ariete para hacer avanzar la agenda izquierdista; una agenda que, cómo no, pasa por favorecer la expansión del Estado sobre todos los ámbitos que corresponderían a la sociedad civil.
Así, cualquier acontecimiento resulta propicio para diseminar la propaganda socialista y para formular las más disparatadas propuestas que permitan una ampliación del poder político. Ayer, Zapatero, aprovechando el Día Internacional de la Mujer, volvió a declararse feminista y, entre otras cosas, prometió que la sociedad española seguiría dando pasos hacia la igualdad entre los hombres y las mujeres. En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno anunció que una de las prioridades de la presidencia española de la UE, que tendrá lugar durante el primer semestre de 2010, será convocar una cumbre de ministros de Igualdad para acordar políticas conjuntas. Según De la Vega, no se puede "construir" el nuevo marco global sin incorporar a las mujeres a todos los ámbitos de decisión, como pueden ser los Consejos de Administración de las empresas.
En otras palabras, adoctrinando a la sociedad en unos valores de impronta izquierdista –como la igualdad material o la multilateralidad de los Estados– se pretende allanar el terreno para el intervencionismo político futuro. Que las mujeres sean ahora mismo la materia prima de la propaganda resulta a la postre irrelevante, ya que el supuesto feminismo de Zapatero no se dirige a satisfacer los supuestos intereses de este género, sino los del Estado y los de su formación política.
Por ejemplo, la igualdad material para las mujeres que propugna el PSOE es sólo un mecanismo para que las Administraciones Públicas puedan meter las narices en los centros de poder privado, como los Consejos de Administración. El presidente del Gobierno no ha dudado en tachar de "conservadoras" a aquellas compañías donde las mujeres no ocupan altos puestos directivos. ¿Y cómo combatir este supuesto prejuicio social si no es con regulación pública, al estilo de la Ley de Igualdad de 2007? Lo accesorio aquí es que al PSOE le moleste estéticamente que los accionistas de una empresa elijan a varones para dirigirla, lo importante es que utiliza ese prejuicio estético –rebozado con todo un discurso feminista que dibuja a la mujer como un elemento oprimido por una sociedad patriarcal y machista– para incrementar progresivamente su control sobre las compañías privadas.
Por supuesto, la realidad suele ser bastante distinta a como la deforman las proclamas políticas. Si, como reconoce Zapatero, prescindir de las mujeres "sería poco inteligente, porque significaría prescindir del talento, de la creatividad", parece bastante claro que los accionistas serán los primeros interesados en colocar al frente de su empresa a las personas más competentes, sean hombres o mujeres. De hecho, si alguna compañía tuviera una fuerte mentalidad machista y se negara a contar con el talento que puede proporcionarle el sector femenino de la población, estaría dejando de ganar dinero sistemáticamente por lo que, a largo plazo, tendería a ser barrida por empresas con menos prejuicios que no se negaran a incorporar a mujeres. Pero todo esto deben decidirlo sus accionistas, que para algo son los propietarios del negocio, y no el Gobierno.
El Estado debe limitarse a eliminar aquellas regulaciones que atenten contra los derechos individuales de la mujer, no en cuanto a mujer, sino en cuanto a ciudadano. No debe centrarse en proporcionarle igualdad material, sino igualdad jurídica. Sería absurdo, por ejemplo, que los parados masculinos le reclamaran ahora al Ejecutivo que distribuyera la destrucción de empleo a partes iguales entre hombres y mujeres por el hecho de que más del 75% de todo el nuevo desempleo haya afectado a los varones.
El Ministerio de Trabajo, con bastante descaro, no ha vacilado a la hora de atribuirse el tanto de que estén siendo los hombres los más castigados por la coyuntura. Pero ni esto guarda relación con política alguna que haya tomado el Gobierno ni constituye un éxito que convenga celebrar. En efecto, si la crisis se está cebando con los varones es porque la mayor parte de las malas inversiones en España se concentraban en la construcción, un sector eminentemente masculino. Y del mismo modo que en plena burbuja inmobiliaria no suponía ninguna degradación social que se creara más empleo entre hombres que entre mujeres, hoy durante el pinchazo tampoco hay que considerar un triunfo colectivo lo contrario. Estamos ante decisiones privadas que no deberían ser analizadas desde un sesgo ideológico o político, porque precisamente ese es el territorio al que quiere trasladarnos el PSOE.
La sociedad occidental, y la española en particular, necesita experimentar un cierto proceso de desestatalización, es decir, se requiere que los políticos dejen de considerar cualquier asunto privado como susceptible de ser intervenido. Pero para ello, los supuestos beneficiarios de las regulaciones, en este caso las mujeres, deberían darse cuenta de que son simplemente el arma arrojadiza que utiliza el PSOE para justificar su intrusismo gubernamental y sus recortes de libertades.