Al margen de la presión "estructural" que padece nuestro poder judicial, derivada de la designación política de sus miembros, los impulsores del soberanista Estatuto catalán han tratado, silenciosamente y desde el primer momento, de condicionar a su favor el veredicto del Tribunal Constitucional.
Incapaces de llevar a cabo legalmente la tarea de "suprimir lo que estorba y añadir lo que falta a lo aprobado hace veinticinco años", tal y como un embriagado Maragall reclamó al presidente del Gobierno a los pocos días del 14-M, Zapatero ha atendido, sin embargo, su solicitud de "no limitarse a administrar la continuidad constitucional". Y lo ha hecho subrepticiamente, a través de un Estatuto para el que, ciertamente, se tendrían que haber "suprimido y añadido" previamente muchas cosas en nuestra Carta Magna para que fuera verdad eso de que está "limpio como una patena".
Si a eso añadimos las "presiones", de diferente naturaleza y mucho más ambiciosas, que ha dirigido ETA a un presidente que, ya antes del alto el fuego, reclamaba el cese de la violencia con el compromiso de que "todo cambio sea posible, tenga el alcance que tenga", nos podemos hacer una idea de cómo las presiones al TC en favor de un dictamen de constitucionalidad del Estatuto catalán harán palidecer a las vividas en tiempos de la ilegal expropiación de Rumasa.
Para colmo, los impulsores del Estatuto ya pretendieron rematar la faena contratando los servicios profesionales de algunos de los magistrados que, tras la elaboración del texto, habrían de decidir sobre la constitucionalidad del mismo. El PP ya planteó hace unos meses la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, quien elaboro por encargo de la Generalidad un dictamen que sirvió para la redacción del Estatuto. No menos lógica es la recusación recién planteada contra la presidenta del Tribunal, Maria Emilia Casas, cuyo esposo, el profesor Jesús Leguina Villa, trabajó en labores similares también por encargo del Gobierno catalán.
No ponemos, por supuesto, en cuestión la honorabilidad de dichos magistrados, pero sí la conveniencia de que tomen parte en una cuestión en la que están tan estrechamente condicionados. Más aun si tenemos en cuenta que no por nada el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional establece que "el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible", entre otros supuestos, con el del "desempeño de actividades profesionales o mercantiles". Aunque sea silenciosa o silenciada, ya hay bastante presión política sobre los magistrados como para que entren en juego los encargos de una de las partes.
