Tras más de siete horas de reunión con el ministro de Justicia, las asociaciones judiciales han decidido este lunes mantener las protestas anunciadas para el próximo 18 de febrero y la convocatoria de una huelga el 26 de junio, al considerar que hace falta "un mayor nivel de compromiso" por parte del Gobierno para resolver los gravísimos problemas que, ciertamente, padece la Administración de Justicia en nuestro país.
El tiempo dirá si, además de un cambio de "tono", Bermejo es capaz de llevar a cabo un cambio mucho más profundo y creíble en su nefasta trayectoria al frente del Ministerio de Justicia que evite llegar a una situación tan grave y sin precedentes como sería una huelga judicial. Si bien esta forma de protesta supondría una desatención puntual del derecho que asiste a los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, no es menos cierto que también lo desatiende de manera estructural la falta de medios humanos y materiales que provoca unos retrasos generalizados que ya alcanzan los dos millones y medio de asuntos pendientes.
El Gobierno de Zapatero, en general, y el ministro Bermejo, muy en particular, lejos de corregir los problemas que ya arrastraba la Administración de Justicia, los ha agravado de manera insostenible dejando claro hasta la fecha que su única preocupación ha sido la de tener un poder judicial sumiso.
Llegadas las protestas; Bermejo no sólo las ignoró, sino que las denigró con declaraciones irresponsables y demagogas que trataban de presentar las justificadas quejas de los jueces, primero como una muestra de corporativismo ante el caso del juez Tirado, luego como una mera e interesada reivindicación de mejoras salariales.
Por mucho que nos parezca ridícula la sanción impuesta al juez Rafael Tirado por el caso "Mari Luz", el mal proceder de este juez o de cualquier otro no puede encubrir, tal y como Bermejo pretende, la no menos escandalosa y dramática realidad procesal española, en lo que al tiempo de resolución de los procesos y ejecución de las sentencias se refiere.
Por otra parte, la reivindicación de una mejora salarial, además de legítima, no es sino la última de una larga lista de demandas que los jueces centran en la necesidad de modernización de nuestra justicia con mayores recursos humanos y materiales. Que no haya un sistema de información integrado en toda España para conocer los datos de un justiciable, como se tiene en el ámbito fiscal para cualquier contribuyente, es sólo uno de los muchos ejemplos que se podrían dar del mal funcionamiento de nuestra justicia que nada tiene que ver con el proceder de un determinado juez.
Un Gobierno manirroto, que lo confía todo al gasto público, ha dejado de lado, sin embargo, la necesidad de invertir en justicia, que quizá sea la partida más "productiva" a la que pueda dedicar su dinero un Estado. Y eso que muchas de las reformas que requiere nuestra justicia, tales como el fomento de la mediación, el arbitraje, la conciliación y, en general, las destinadas a desanimar la litigiosidad o a modernizar el sistema, no pasan necesariamente por un incremento especialmente gravoso de recursos públicos. En cualquier caso, todos deberíamos ser conscientes de que los principales perjudicados y los primeros que deberíamos liderar las protestas contra el mal estado de nuestra justicia, no son los jueces, sino los ciudadanos. Esperemos pues que las legitimas quejas de los jueces no caigan en saco roto y que Bermejo responda con algo más que un "cambio de tono".