El nacionalismo es un proyecto político colectivista; no utiliza la idea de nación como presupuesto de la ciudadanía y de la defensa de los derechos individuales sino como justificación del sometimiento al rebaño aun a costa de esos derechos individuales.

Para espolear este sentimiento colectivista, el nacionalismo necesita construir la leyenda de un pueblo primigenio conquistado y reprimido por una nación extranjera. Pueblo cuya libertad y autorrealización quedaron abortadas desde el momento en que esos "bárbaros" le arrebataron su "identidad" y que necesita recuperar su originaria soberanía para poder ser él mismo.

En los últimos 35 años, los nacionalismos centrífugos no han dejado de repetir esta milonga. Los pueblos a los que dicen representar y defender, dicen, sólo serán libres en tanto sean menos españoles. Por ese motivo, en regiones como Cataluña, el País Vasco y Galicia los elementos comunes de todos los ciudadanos –la lengua, la cultura, la historia, el derecho o la bandera– han sido sistemáticamente sometidos al ataque y a la marginación por parte de los partidos políticos nacionalistas.

Buena parte de la izquierda ha visto con complacencia esta situación al considerar que cualquier manifestación de la idea de España tenía unas inquietantes vinculaciones con el franquismo que convenía enterrar. No se daban cuenta –y por desgracia muchos siguen sin darse cuenta– de que el Estado de derecho se construye sobre la nación española (una nación soberana de ciudadanos libres) y que, por tanto, allí donde se debilita la nación española y se crean naciones ficticias para beneficio de un partido político, se debilitan también el Estado de derecho y las libertades. No en vano, Cataluña y el País Vasco son dos de los territorios menos libres de la península.

Y es que, por mucho que la izquierda (y últimamente la derecha "simpática") haya querido confundir el ataque a los símbolos españoles con una protección de rasgos culturales propios de esas regiones, lo cierto es que el objetivo del nacionalismo siempre ha sido el que hemos descrito: arrinconar a España para arrinconar los derechos individuales. Buena muestra de ello han sido dos reacciones recientes del nacionalismo catalán y vasco.

La primera, hace unos días. ERC se rasgaba las vestiduras porque en Melilla no pudiese estudiarse en tamazight, lengua de origen bereber. De acuerdo con Tardá, su exclusión del sistema educativo explicaba las altas tasas de abandono y fracaso escolar en la ciudad. Poco le importaba a ERC que esta ocurrencia contradijera todo su discurso oficial sobre que la inmersión lingüística en Cataluña no dificulta el aprendizaje de los castellanoparlantes y es responsable de buena parte de su fracaso escolar. Lo único relevante, tanto en Cataluña como en Melilla, era que el castellano dejara de emplearse para así fragmentar la nación. En realidad, ni el catalán ni el tamazight le importan lo más mínimo a Tardá, porque el nacionalismo, como ya hemos apuntado, no es un proyecto cultural, sino político: la cultura es sólo un medio de control, nunca un fin.

La otra ha sido protagonizado por el PNV este pasado domingo. Después de autoproclamarse "líder" de los vascos –con independencia del resultado que hayan arrojado las urnas– se escandalizó de que "pronto ondeará la bandera española en Ajuria Enea". Palabras que se han compadecido con 30 años de gestos antiespañoles y que nos recuerdan, de nuevo, que lo importante para el nacionalismo no es que la bandera vasca (que en este caso, para más inri, es una bandera de partido) tenga presencia institucional, sino que la española no la tenga bajo ningún supuesto.

En un caso como un otro, la construcción de una nación vasca o catalana sólo sirve para eliminar la nación española y el sistema de libertades al que ha dado lugar. Por fortuna, la derrota de los partidos nacionalistas en Galicia y el País Vasco constituye una oportunidad histórica para tratar de revertir en estas regiones la estrategia nacionalista de finiquitar la idea de España. Pero para ello será necesario no sólo colocar la bandera española en los espacios oficiales, sino acabar con el adoctrinamiento educativo, cultural y social que han impuesto estos partidos durante sus años de gobierno. Nada sería más desesperanzador para el futuro de la democracia española que se produjera, como en Cataluña, la absorción por parte del nacionalismo de aquellas formaciones supuestamente llamadas a regenerar las instituciones.