No es necesario recordar la famosa sentencia de Lord Acton de que "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente" para que todos la tengamos presente a la hora de evaluar la situación política actual de España. Nuestros Estados, tanto el central como en su imaginario las taifas autonómicas, han acumulado demasiadas competencias como para que no sólo nuestra libertad se resienta, sino para que también la profesión política se convierta en una actividad altamente lucrativa.

Acceder a un cargo público permite situar a toda la sociedad al servicio de la Administración, con lo que las oportunidades para beneficiar a los amiguetes o incluso a uno mismo son numerosísimas. Poner a la sociedad al servicio del burócrata pervierte sin duda la finalidad original con la que se creó tal cargo, que no en vano recibe el nombre de civil servant en el mundo anglosajón. Allí, de hecho, todavía pervive parte de esta tradición: como recuerda hoy José María Marco, los congresistas y los senadores del estado de Texas prestan sus servicios políticos de manera gratuita, en simple beneficio de la comunidad.

Claro que también existe otra interpretación a que en algunas naciones los cargos públicos no tengan asignado un salario. En su libro Burocracia, el economista liberal Ludwig von Mises describe cómo los funcionarios alemanes (el Staatsbeamte) no percibían un salario porque la mitología colectiva germana les rendía tal culto que consideraba que el valor de sus servicios resultaba "incalculable". Sin embargo, en España, y en los últimos días de manera especial en Galicia, nuestros burócratas parecen haberse empeñado en obtener una compensación monetaria por los inconmensurables beneficios que nos proporcionan.

Así, por ejemplo, Anxo Quintana ha considerado pertinente pagarse la campaña electoral secuestrando a un grupo de jubilados con cargo al presupuesto público: un grupo de 700 mayores que, en principio, se dirigían en excursión hacia Portugal se vieron retenidos durante tres horas en el pueblo de Oya para posteriormente escuchar un mitin del vicepresidente de la Xunta. El PP, obviamente no ha tardado en denunciar el uso del erario público en la organización del acto y en pedir a Anxo que "devuelva hasta el último céntimo de los gastos ocasionados".

Pero más allá del coste monetario en el que haya podido incurrir la Administración gallega, lo cierto es que el acto tiene un inquietante tufillo caciquil por el que se considera que las haciendas de todos los gallegos (e inclusos ellos mismos) forman parte del patrimonio del Estado y que, por tanto, pueden utilizarlos a su antojo y conveniencia. Al votante no se le respeta como depositante del voto, más bien se le trata como una materia prima manipulable para alcanzar o perpetuarse en el poder.

Y no es de extrañar que los políticos le tengan tanto apego al sillón, porque a la vista de lo que cuestan, deben ser bastante cómodos. Según publica ABC, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, se equipó el despacho con un mobiliario de diseño valorado en más de 200.000 euros. Para que nos hagamos una idea más exacta, sólo la librería cuesta 20 millones de las antiguas pesetas.

Esto no impedirá, desde luego, que los socialistas sigan empleando un discurso según el cual están a favor del trabajador y en contra del capitalista; llevan más de un siglo montados con éxito en la propaganda más artera y falaz sin que nadie haya conseguido descabalgarles. Y no parece que este panorama vaya a cambiar ante las recientes elecciones gallegas, a la vista de las más recientes encuestas.

Pese a ello, pocas ocasiones más propicias podría tener un partido de la oposición para acceder al poder: en medio de una crisis histórica que ya se ha cobrado más de un millón de parados, la izquierda gobernante utiliza los resortes del Estado para complacer sus lujosos deseos y ambiciones infantiles.

Tal vez esta incapacidad de acceder al poder por parte del PP gallego (y especialmente nacional) esté estrechamente relacionado con la expulsión del liberalismo en el modelo de partido preconizado por Rajoy durante el Congreso de junio. Al fin y al cabo, si los liberales sobran y se ha enterrado el discurso de limitación del poder, de colocar al Estado al servicio de la sociedad y de reducir el gasto público, ¿qué tiene de criticable que Anxo Quintana y Touriño hagan lo mismo todos los otros políticos y altos cargos públicos? Puede que sea obsceno, pero no poco común. En el PP no sólo falta una estrategia comunicativa acertada, sino también un discurso ideológico sólido para combatir esta práctica política desvergonzada.