El anuncio realizado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, nada más tomar posesión de su cargo de una verdadera reforma que parecía, esta vez sí, encaminada a la regeneración de la Justicia fue probablemente la noticia más esperanzadora desde que el inefable Zapatero abandonó el poder. Sin embargo, en estos siete meses hemos visto un Gobierno más dado a los buenos propósitos y los grandes anuncios que a aplicarlas realmente, cuando no a contradecir en la práctica sus intenciones iniciales. La mejor noticia se convertía el viernes en la mayor decepción, cuando Gallardón supeditaba los cambios en el poder judicial al "consenso" con el PSOE, que es lo mismo que no cambiar nada, salvo a peor. La de la Justicia es, con la de la organización del Estado, la más urgente de las reformas que necesita España. Hay quien puede pensar que ahora la prioridad son las medidas económicas pero se equivoca si piensa que estas dos cuestiones son ajenas a la crisis económica o que la solución está exclusivamente en ajustes contables. Sin una racionalización de la estructura administrativa del Estado será imposible el control del gasto a largo plazo, y sin una justicia independiente España no será una un país que genere confianza y credibilidad.
No hay mejor ejemplo, por desgraciado y siniestro que sea, que lo que está sucediendo con la banda terrorista ETA. Las sucesivas legalizaciones de los marcas electorales de los criminales por parta de un Tribunal Constitucional, órgano no jurisdiccional nombrado por los partidos políticos que enmienda la plana al poder judicial invadiendo las competencias del Tribunal Supremo, se solapan con las 195 denuncias de que esos mismos partidos legalizados apoyan a ETA, que ha presentado este domingo el propio delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo.
El apoyo a los presos de ETA es un claro menosprecio a las víctimas del terrorismo y eso es causa de ilegalización según recoge la sentencia que los legaliza. Bildu lo hace allí donde gobierna, según nada menos que 195 denuncias avaladas por el Gobierno de España, pero sigue siendo legal. ¿Cómo es posible que esto suceda en un Estado de Derecho? Es de locos. Ahora que la prima de riesgo es la principal angustia de Mariano Rajoy, podría reflexionar en lo difícil que resulta confíar en España y, por tanto, en su deuda, asistiendo a espectáculos dantescos como este. Si la prioridad es generar confianza, es ineludible que la justicia sea independiente, que los jueces elijan a sus vocales y que el Tribunal Constitucional se convierta en una sala del Supremo. Así debe funcionar la democracia y así seremos una nación fiable. Con o sin consenso, señor Gallardón.