Después de ser primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ministra de Educación y Cultura y presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, tras prometer su cargo el viernes en la Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, se convierte en la primera mujer elegida directamente para presidir una comunidad autónoma, la de Madrid. Un gran reto político y de gestión –pues Madrid es el escaparate donde las principales fuerzas políticas presentan y ensayan sus propuestas– que, aun a pesar de su ya dilatada y brillante carrera política, la nueva presidenta autonómica asume con ilusión y emoción. Esperanza Aguirre parece conservar la garra y la frescura, exteriorizadas en su discurso de investidura, de quien llega por primera vez a las altas esferas de la política para poner en práctica un programa de gobierno inédito, basado en firmes convicciones liberales a las que nunca ha renunciado y cuya defensa le ha causado más de un amargo sinsabor. Los retos más importantes de la nueva presidenta serán hacer compatibles las reducciones de impuestos con la mejora en la Sanidad, en la Educación y en la seguridad ciudadana, así como frenar la escalada del precio de las viviendas atacando su principal causa: la escasez de suelo urbanizable.
La gestión de Alberto Ruiz Gallardón, positiva en muchos aspectos –no hay que olvidar que Madrid está hoy a la cabeza de España en creación de riqueza y de empleo–, deja sin embargo a su sucesora un escaso margen de maniobra para acometer esas nuevas políticas. El Ejecutivo de Gallardón apuró casi al máximo la capacidad financiera de la comunidad madrileña. Y aun a pesar de que la sustancial mejora en las infraestructuras de transporte –necesarias para garantizar el crecimiento presente y futuro de Madrid– justifica en buena parte la política de su antecesor, lo cierto es que Esperanza Aguirre "hereda" una de las comunidades más endeudadas de España, a corta distancia de la Generalitat".
Por ello, atreverse a rebajar un punto la escala de gravamen del tramo autonómico del IRPF –todo un gesto dirigido tanto a los votantes del PP como, sin duda, al Gallardón alcalde–, además de la ya anunciada supresión del Impuesto de Sucesiones entre cónyuges e hijos, tiene un gran mérito, sobre todo si se advierte que Aguirre piensa respetar al pie de la letra la Ley de Déficit cero. Frente al viejo lema conservador-populista de "gobernar es gastar", la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid promete oponer el lema liberal, popularizado por Margaret Thatcher, de "el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos". Y no cabe duda de que, para compatibilizar todo ello, tendrá que afinar mucho la gestión, haciendo más cosas con, en principio, menos dinero. Y precisamente cuando la Comunidad de Madrid ya ha asumido las competencias más onerosas: Sanidad y Educación.
Se trata de una tarea nada fácil, y para llevarla a término, Esperanza Aguirre se ha rodeado de un equipo relativamente joven (la media de edad es de 47 años) donde predominan los economistas, especialmente los que proceden del entorno de Rodrigo Rato: Fernando Merry del Val, que deja la subdirección general de Comercio Exterior para ocuparse de la Consejería de Economía; Manuel Lamela Fernández, que deja la dirección del gabinete de Rodrigo Rato para asumir la Consejería de Sanidad y Consumo; y Juan José Güemes Barrios, hasta ahora director adjunto también del gabinete de Rodrigo Rato, que pasará a ocupar la Consejería de Empleo. Serán también economistas quienes se encarguen de la Consejería de Hacienda (Engracia Hidalgo Tena), de la de Transportes e Infraestructuras (Francisco Granados Lerena) y de la de Educación (Luis Peral Guerra).
De otra de las líneas maestras del programa de Esperanza Aguirre, la liberalización del suelo, se ocupará Mariano Zabía Lasala –quien ya fue asesor de Aguirre cuando ésta ocupó la cartera de Educación y que hasta ahora desempeña el cargo de director general de la Función Pública– en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Sobre él, licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, recaerá la importantísima labor de confeccionar un mapa del suelo potencialmente urbanizable en la Comunidad de Madrid. El compromiso de Esperanza Aguirre en este campo es que la construcción de viviendas no dependa en el futuro del capricho recalificador del político o funcionario de turno. Y, ciertamente, como siempre hemos defendido en este diario, la mejor forma de abaratar la vivienda es eliminar las trabas y restricciones más o menos arbitrarias a la oferta.
Y de Justicia e Interior se ocupará Alfredo Prada Presa, Abogado, ponente de la Ley Orgánica del Código Penal y, hasta hoy, vicepresidente primero del Senado. A él le tocará atajar la inseguridad ciudadana a través del proyecto BESCAM, unas brigadas especiales compuestas por 5.500 nuevos policías nacionales y municipales que estarán presentes en los municipios de más de 25.000 habitantes.
En suma, se trata de un ambicioso programa de gobierno que requerirá grandes dotes de organización y de gestión. La trayectoria y calidad de los colaboradores que Esperanza Aguirre ha elegido permite, en principio, augurar un buen fin a su proyecto.