Cuando el principal problema de la Constitución del 78 es que no se cumple ni se hace cumplir en buena parte de España, resulta un poco surrealista que las principales formaciones políticas se propongan reformarla sin llegar, además, al más mínimo acuerdo sobre qué es lo que se quiere cambiar.
Es tristemente cierto que el Gobierno del PP se ha mostrado en varias ocasiones dispuesto a una reforma con la vana esperanza de apaciguar a los separatistas. Recuérdese a este respecto la oferta del infausto ministro Margallo destinada a "encajar el hecho catalán en la realidad hispánica"; o la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, destinada a "reconocer la singularidad catalana". Incluso después de perpetrar los golpistas su segunda consulta secesionista, el pasado 1 de octubre, el Gobierno, por medio del ministro Luis de Guindos, acompañó esa última oferta de reforma constitucional con una no menos repulsiva oferta de pacto fiscal. Eso, por no hablar de la reforma para "acomodar" a los nacionalistas a la que hace escasos días apuntaba el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ante los micrófonos de la BBC.
Afortunadamente, parece que el PP ha rebajado, tras la constitución de la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, las expectativas de los socialistas de abordar después la reforma de la Constitución, tal y como Pedro Sánchez asegura que pactó con Mariano Rajoy antes de que se aplicara el artículo 155. El secretario del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha llegado a afirmar categórico que su partido no aborda ninguna reforma constitucional con la idea de "ceder o premiar a quienes han realizado el mayor desafío a la democracia"; "nosotros no hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución, sino con la de modernizar el Estado autonómico", ha añadido.
No se sabe qué entenderá este irreconocible PP con "modernizar el Estado autonómico", que no sea incrementar todavía más la financiación de las sobredimensionadas Administraciones regionales –de las mejor dotadas de toda la OCDE–, mantener su falta de corresponsabilidad fiscal o la posibilidad de seguir endeudándose. Lo que es evidente es que ni el PP ni ningún otro partido con representación parlamentaria entienden por "modernizar el Estado autonómico" erradicar todas estas lacras o la privilegiada y disfuncional antigualla que constituyen los conciertos vasco y navarro.
Aunque resulte un lamentable contrasentido que Rajoy se comprometiese a abordar una reforma constitucional a cambio de que el PSOE le respaldase en esta timorata y estrecha aplicación del 155, es de agradecer que el PP diga que no va a "ceder" ante ni a "premiar" a los separatistas una vez que estos –junto a sus compañeros de viaje podemitas– han rechazado participar en todo proyecto de reforma constitucional o de modernización del Estado autonómico, por considerarlos insuficientes.
Con todo, la declaración del portavoz del PP de "No venimos con una idea preconcebida de reformar la Constitución" deja como único guión de un eventual cambio de la Carta Magna a la vaga, cuando no disparatada, propuesta del PSOE consistente de un modelo federal y una España como "Estado plurinacional".
Habida cuenta de que las autonomías ya tienen un grado de autogobierno y descentralización superior extraordinario, y del disparate que supone otorgar a cualquier región española el rango de nación – lo que, en términos de derecho constitucional, implica convertirlas en sujeto de soberanía–, la propuesta del PSOE –en realidad más confederal que federal– se limita a un despreciable intento de contentar a unos nacionalistas que, para colmo, no se van a contentar.
Así las cosas, el único consuelo ante este intento de reforma constitucional es que está abocado al fracaso por falta del más elemental e imprescindible consenso. Flaco consuelo, no obstante, si se considera que distrae de la tarea prioritaria de cumplir y hacer cumplir la Constitución en todo el territorio nacional.