Tras casi tres años de estéril "diálogo social", la "reforma" laboral aprobada este miércoles por el Consejo de Ministros debería causar la misma decepción que ha provocado el estreno de España en el Campeonato del Mundo de fútbol. Es decir, mucho ruido y pocas nueces.
Para nosotros lo más tristemente destacable de este simulacro de reforma es que el Gobierno mantendrá el dominio sindical y judicial sobre la libertad contractual de quienes ofrecen y buscan empleo. Hoy, sin embargo, no faltarán titulares de portada y de editoriales que pongan el acento en el supuesto "abaratamiento del coste del despido" aprobado por el Ejecutivo mediante dos fórmulas: la generalización del uso del contrato de fomento del empleo (con 33 días de indemnización por año trabajado en lugar de 45) y el pago por el FOGASA de ocho días de esa indemnización en los contratos indefinidos.
Lo cierto, sin embargo, es que ni esa rebaja del coactivo coste del despido es de cuantía suficiente, ni este coste es el único foco de agresión a la libertad laboral que, como tal, obstaculiza la contratación.
Es cierto que para el despido objetivo la indemnización es de 20 días por año trabajado; sin embargo, lo que se esperaba de esta reforma es una ampliación y, sobre todo, clarificación de cuales son esas "causas objetivas" por la que las empresas podrían acogerse a esta fórmula. El decreto ley, sin embargo, no las define y lo deja a una vaga "situación económica negativa" que ha de ser considerada como tal por los jueces de lo social que se caracterizan, en la gran mayoría de los casos, por un desconocimiento de lo que es la actividad empresarial que les lleva, nada objetivamente, a ponerse del lado del trabajador. Esto se traduce, en cualquier caso, en una mayor litigiosidad, que sumada a la ya alarmante lentitud de nuestra justicia, encarece el coste del despido.
En cuanto a la rebaja del coste del despido que supuestamente implica el hecho de que el FOGASA pague ocho días de la indemnización, hemos de decir que este fondo se nutre de las aportaciones de las empresas, por lo que deberá recibir de ellas nuevas contribuciones para atender estos nuevos compromisos. Eso, o bien nutrirse del dinero de los contribuyentes. Lo primero sería un mantenimiento encubierto de los costes empresariales por el despido y lo otro no supondría una reducción de dichos costes, sino la transferencia de los mismos al conjunto de la sociedad. Esto último, además de injusto e ineficiente, sería especialmente nocivo en un momento en que lo que tiene que hacer el Estado es un ajuste presupuestario.
Aun más decepcionante es el hecho de que la reforma conserve en su práctica totalidad los distorsionadores convenios colectivos, responsables, entre otras cosas, de que los salarios españoles estén alejados de nuestra productividad y, por tanto, de que el paro no deje de aumentar. No basta, como hace esta reforma, con introducir cláusulas en los nuevos convenios colectivos que permitan a las empresas en dificultades aparcar las tablas salariales que éstos contienen. El problema está en que los convenios colectivos ya suscritos, es decir, todos los que hoy siguen vigentes al no incorporar estas cláusulas, sólo permitirán el descuelgue o por acuerdo entre empresa y sindicatos o por mediación de un laudo arbitral.
En resumidas cuentas, que si bien el Gobierno se ha acercado con esta "reforma" a la puerta, no ha terminado, sin embargo, de meter gol ni a la hora de reducir seriamente el alto coste del despido, ni a la hora de eliminar la dualidad entre contratos fijos y temporales, ni a la de suprimir la negociación colectiva. Como afortunadamente quedan más encuentros, y los demás grupos van a poder introducir modificaciones durante su tramitación como proyecto de ley, esperemos que la enorme crítica que merece lo que hemos presenciado se dirija no a abortar nada sino a mejorar los resultados. Al fin y al cabo, con esta reforma laboral, España se juega algo mucho más importante que un mundial de fútbol.