Una semana después del brutal ataque a María San Gil en Santiago, los populares han vuelto a ser el centro de las iras del radicalismo separatista, valga la redundancia. En esta ocasión ha sido la candidata del PPC, Dolors Nadal, la que se ha visto obligada a abandonar, escoltada por agentes de la policía autonómica catalana, la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra después de que más de 50 separatistas intentaran agredirla.
Que todos estos jóvenes energúmenos sean simpatizantes de partidos como ERC que el PSOE ha tenido de aliados de gobierno no es de extrañar. Sabemos, hasta por el propio Zapatero, el deliberado empeño del partido socialista por elevar nuevamente la tensión y el dramatismo en esta campaña como modo de movilizar en su favor los sectores más radicales del electorado. Aunque los socialistas quieran, de cara a la galería, desvincular esa conocida e infame estrategia electoral de estos actos de violencia política que padece en exclusiva el Partido Popular, lo cierto, es que su reacción de condena siempre se produce –cuando se produce– tarde y mal.
No vamos a referirnos sólo a Zapatero –esta es la hora que el presidente del gobierno no ha condenado ni el intento de agresión a San Gil ni el de Nadal–, sino también a la propia Generalitat catalana, que, en un tardío comunicado de condena, ha presentado el intento de agresión a la candidata popular por Barcelona como un "caso aislado en nuestro país, que siempre se ha caracterizado por la convivencia y la tolerancia".
Lo cierto es que, desgraciadamente, hace ya mucho tiempo que Cataluña también ha dejado de ser un modelo de convivencia y de tolerancia, y no falta cita electoral u acto institucional como la Diada en los que los representantes de las formaciones no nacionalistas no sufran reiterados ataques, insultos y amenazas. Claro que, como los nacionalistas y los socialistas no son víctimas de estas prácticas, propias del nacionalsocialismo, no es extraño, aunque resulte deleznable, que le quiten importancia y lo consideren un "caso aislado".
Por supuesto, el Gobierno de Zapatero se distanciará públicamente de estos golpes, abucheos y violencia con los que sus compañeros de viaje tratan de acabar con la libertad de expresión de la oposición democrática. Lo cierto, sin embargo, es que el propio Ejecutivo socialista ha tratado de mermar esa libertad de crítica a sus oponentes, tal y como refleja la injustificable prohibición de la Delegación del Gobierno de Madrid de un acto de protesta convocada por los miembros de la asociación civil HazteOir.Org ante la sede del PSOE. Curiosamente, la Delegación del Gobierno sí permitió la concentración que celebraron el pasado sábado colectivos de homosexuales frente a la sede del PP en la calle Génova.
Afortunadamente, la Justicia ha tenido que recordar al Gobierno de ZP que la democracia y el derecho de manifestación son para todos y ha autorizado la concentración en Ferraz. Claro que eso no borra el hecho de que a la violenta vara de los radicales, se le haya querido sumar la no menos liberticida doble vara de medir de este Gobierno.
