La decisión del Partido Popular de que el diputado popular, Ignacio Gil Lázaro, dirigiera este miércoles sus siempre decisivas cuestiones parlamentarias en torno al caso Faisán, no al ministro del Interior sino al ministro de Justicia, no ha venido sino a fortalecer la veracidad del rumor de un acuerdo alcanzado el pasado jueves entre el propio Rubalcaba y Federico Trillo por el que el PP aligeraría el cerco que el diputado popular venía sometiendo sistemáticamente al ministro del Interior.
Sea o no fruto de un acuerdo, la decisión de minorar la presión parlamentaria contra Rubalcaba por el caso Faisán, en unos momentos en los que los más abrumadores indicios apuntan a su responsabilidad penal, es en todo caso moral y políticamente suicida. Y que no nos vengan del PP a hablar de la enorme pertinencia que también tiene sacarle los colores al Gobierno y al ministro de Justicia por la escandalosa petición de la Fiscalía consistente en que ese clamoroso e infame delito de colaboración con banda armada quedase reducido a un mero delito de revelación de secretos: somos lo primeros en advertir que por este gravísimo asunto, no ya Gil Lazaro, sino Rajoy debía haber pedido hace tiempo el fulminante cese del fiscal general del Estado; somos también los primeros en advertir que la paz sucia de ZP, en general, y el caso Faisán, en particular, son, a diferencia de los GAL, no una cadena que pende únicamente de Interior, sino una malla que ha salpicado a jueces y a fiscales. Pero el deber de pedir explicaciones al ministro de Justicia por el indecente comportamiento de su servil Fiscalía en el caso Faisán no debe traducirse, en modo alguno, en una menor presión política como la que de manera ascendente se debería ejercer contra el ministro que presuntamente dio orden de que se perpetrara ese delito. Y de eso no tiene culpa Gil Lázaro, ni siquiera Trillo: la tiene Rajoy.
Lo que está fallando clamorosamente, y no es de ahora, en el "regimiento" popular es su "comandante". Rajoy es el máximo responsable de que un asunto de la impresionante envergadura del caso Faisan quede prácticamente reducido a la interpelación parlamentaria de los miércoles por la tarde de un aguerrido pero solitario Gil Lázaro. Rajoy es el máximo responsable (sin olvidar tampoco la responsabilidad de los medios de comunicación), de que muchos españoles se hayan medio enterado de qué es el caso Faisán sólo desde que a Rubalcaba le dio por cantar a Amaral.
Ha sido Rajoy quien, en lugar de convocar a los medios de todo el país para denunciar la infamia que venían a confirmar las actas interceptadas a ETA, guardó casi dos días de impresentable silencio, silencio que sólo rompió como para pedir excusas por romperlo. Ha sido Rajoy quien, en lugar de ser punta de lanza, ni siquiera se ha atrevido a ser mera comparsa de unas asociaciones de víctimas que no se resignan a que se cercene su derecho a la memoria, a la dignidad y a la Justicia. Es Rajoy quien todavía guarda silencio ante la vergonzosa pasividad del Gobierno y de la Fiscalía de instar la ilegalización de los proetarras de Bildu. Es Rajoy quien dice que apoya a un Ejecutivo que permitió que los proetarras se colaran en los ayuntamientos, el mismo Gobierno que luego les ha permitido que permanezcan en ellos, el mismo que ahora no se opone a que lo hagan nuevamente a través de Bildu.
Sea, pues, cierta o no la existencia de ese acuerdo para aflojar el cerco contra Rubalcaba, el hecho es que el PP se comporta como si lo hubiera. Sobre el caso Faisán no debería extenderse un nuevo pacto de silencio como parece que ha sucedido a cuenta del 11-M. No sería de recibo que, como en éste, el PP hiciera dejación de sus funciones de Oposición y limitara el progresivo esclarecimiento de los hechos a la investigación de ciertos medios de comunicación y de ciertos jueces. Que PP y PSOE no terminen construyéndonos en el Faisán una versión oficial que, como la del 11-M, va desmoronándose cada vez que se rasca un poco en ella.