Tras varios días de tiras y aflojas, las dos principales formaciones de ultraizquierda, Podemos e IU, han sellado un pacto para concurrir juntas a las elecciones generales del 26-J, tal y como, por otra parte, ya era previsible desde el 19 de abril.
El acuerdo –sólo pendiente de ser ratificado por las bases de ambas formaciones en sendas votaciones paralelas que se terminarán de celebrar este miércoles– quita competencia y convierte al antiguo rival en socio. A cambio, la formación de Alberto Garzón obtiene el compromiso de situar a uno de sus candidatos en las listas por cada seis nombres de Podemos, lo que en la estimación que hacen –tomando como referencia los resultados de diciembre– otorgaría a IU ocho escaños.
Resulta obvio que Pablo Iglesias pretende no ya evitar la caída que algunas encuestas pronosticaban para Podemos, y de la que sólo en parte se beneficiaba IU, sino desbancar al PSOE como referente de la izquierda. Sobre el papel, es cierto que la fórmula D'Hondt que asigna el reparto de escaños y, sobre todo, la circunscripción provincial penalizan enormemente a las formaciones que, pudiendo concurrir juntas, deciden presentarse por separado. Es cierto también que los votos obtenidos por Podemos e IU en diciembre superan en más de medio millón a los más de cinco millones y medio del PSOE.
Sin embargo, está por ver que la unidad de viejos y nuevos comunistas logre adelantar al PSOE el próximo 26 de junio. Y es que, si bien esta coalición está llamada a sumar fuerzas, también deja sin maquillaje a un partido como Podemos, que durante mucho tiempo ha jugado a un populismo sedicentemente transversal. Con esta coalición, Podemos deja definitivamente en evidencia lo que en realidad es y siempre ha sido: una formación de extrema izquierda que abraza la ideología más empobrecedora, criminal y liberticida que haya conocido el siglo XX: el comunismo. Si el electorado español jamás ha otorgado una posibilidad de gobierno nacional a formaciones extremas como ésta, será difícil que lo haga ahora, si sus adversarios se molestan en subrayar otro rasgo no menos característico de esta coalición: su condición de punta de lanza de todos los nacionalismos periféricos que abogan por dinamitar la soberanía nacional española en beneficio de las supuestas naciones que conformarían el "Estado plurinacional" español.
Así, no es de extrañar que, junto a medidas programáticas características de la extrema izquierda que se traducirían en una mayor presión fiscal, un mayor nivel de endeudamiento y una más asfixiante regulación de la economía, brille con luz propia la propuesta de aprobar la convocatoria de un referéndum "con garantías" en Cataluña al "amparo del artículo 92 de la Constitución" para que los catalanes decidan su "encaje territorial en España". O que en el punto 24 del texto, que titulan "Derecho a decidir", se pida el "reconocimiento constitucional de la naturaleza plurinacional" de España. Se trata, en definitiva, de lo mismo que ya proponía el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña hace años.
El deterioro no conoce límites y cualquier disparate puede tener recorrido en España si PP, PSOE y Ciudadanos, en lugar de tender puentes entre sí y hacer un ejercicio de regeneración, se dedican a tirarse los trastos a la cabeza y a silenciar el riesgo que para la democracia y la prosperidad nacional constituye esta infame alianza.