El Gobierno debe frenar en seco el gasto público, evitar en lo posible subir los impuestos para no ahogar a una economía ya muy castigada y acometer reformas estructurales de hondo calado.
"Tenemos que asegurar el futuro de nuestro país", así de concluyente se ha mostrado Angela Merkel tras presentar un profundo plan de ahorro que va a permitir que el Estado alemán deje de gastar 80.000 millones de euros en los próximos cuatro años. La voluntad del gabinete liberal-conservador es, como vemos, preservar la existencia del país antes de que sea demasiado tarde y el tsunami de la deuda termine llevándoselo por delante.
Nada que ver con la improvisación sistemática, los globos sonda y los ajustes supuestamente temporales a los que nos ha acostumbrado un Zapatero preso de la desesperación, al ver que su castillo de naipes levantado sobre arena ya seca se viene irremediablemente abajo. El problema de la deuda soberana afecta a casi todos los países de Europa. Rotas hace tiempo las barreras que los propios gobiernos prometieron respetar, la Unión se zarandea fruto de la irresponsabilidad de sus políticos, incapaces de cuadrar un presupuesto público y de abrocharse el cinturón.
Desde que empezó la crisis el problema no ha hecho sino agudizarse por la bajada en la recaudación fiscal y los planes de estímulo que, a tontas y a locas, lanzaron los gobiernos hace dos años con idea de reactivar la economía con medidas keynesianas que jamás han funcionado. El resultado a la vista está. Varios países –entre los que se encuentra el nuestro– lidian con la bancarrota mientras otros se encuentran en serias dificultades y confiesan, tal y como ha hecho Guido Westerwelle, que su país ha vivido en los últimos años por encima de sus posibilidades.
Si esa es la situación de Alemania que, no hemos de olvidarlo, tiene menos de la mitad de déficit que España, cuál será la nuestra. Los mercados lo tienen claro y, ante una galería de pedigüeños, seleccionan muy mucho a quien prestar su dinero. Por eso cada vez nos cuesta más añadir nuevos ceros a la deuda y, como consecuencia, la calificación crediticia del Estado está registrando mínimo tras mínimo, o máximo tras máximo si lo que miramos como referencia es el bono alemán.
La información difusa y descentralizada que transmiten los mercados puede resumirse en un mandato imperativo a los gobiernos: reduzcan el gasto, y háganlo ya porque el tiempo para un ajuste no traumático se agota. El recién elegido David Cameron lo ha entendido a la primera y ha reconocido que la situación económica del Reino Unido es peor de lo que se pensaba. No peor, sin embargo, que la nuestra, que alcanza niveles de endeudamiento similares combinados con una desconcertante tasa de desempleo que imposibilita de raíz la recuperación.
El escenario es, por lo tanto, muy distinto al que dibujaba el triunfalista Zapatero de hace sólo unos meses. La crisis va para largo y podría acarrear un aterrador desenlace si no se toman las medidas adecuadas, medidas que nada tienen que ver con el placebo que nos administramos en 2008. La Unión Europea nos lo ha dejado ver. El Gobierno debe frenar en seco el gasto público, evitar en lo posible subir los impuestos para no ahogar a una economía ya muy castigada y acometer reformas estructurales de hondo calado. Aunque algunos se empeñen tercamente en lo contrario, la ropa hace tiempo que la perdimos, ahora, si queremos salir vivos del brete, no existe otra vía que hacer lo único que puede hacerse.
