El reciente hachazo fiscal que el Gobierno ha decretado contra familias y empresas ha sido presentado como un hecho inevitable para consolidar las cuentas públicas y cumplir con el objetivo de déficit fijado por la Unión Europea. Como viene ocurriendo desde que el 2011 llegó al poder, el Gobierno de Rajoy justifica un nuevo golpe fiscal a los ciudadanos con el argumento falaz de que no hay ninguna otra posibilidad de realizar ajustes en las cuentas públicas por la parte de gasto.
La mera existencia de las comunidades autónomas, con sus administraciones paralelas y sus emporios mediáticos al servicio de los gobiernos regionales, ya desmonta por sí misma la pretensión de que es imposible realizar economías en el gasto público y, por tanto, no cabe más que infligir un nuevo castigo al contribuyente. Pero como sucede en España desde la propia Transición, todos los partidos políticos asumen que el gasto autonómico es intocablepor duras que sean las circunstancias que esté atravesando el país.
Esta confabulación política para mantener el mastodóntico engendro autonómico se pone de manifiesto con especial crudeza en las televisiones autonómicas, verdaderas máquinas de triturar la riqueza de los ciudadanos al servicio de la clase política que ejerce el poder en el terruño. Como ocurre siempre que hablamos de despilfarro, Cataluña se lleva la palma también en el terreno mediático. Si ya está plenamente injustificada la mera existencia de un solo canal autonómico en un mercado audiovisual pletórico de iniciativas privadas, TV3, el ente mediático al servicio del separatismo, mantiene nada menos que cinco canales, a pesar de la quiebra técnica del Gobierno regional catalán, que ya solo se mantiene con las constantes transferencias de riqueza del resto de España que le proporciona el Gobierno del PP.
Televisión Española, por su parte, tampoco sabe lo que significa la crisis económica. Año tras año sigue arrojando déficits de 100 millones de euros, a pesar de lo cual sigue manteniendo cinco canales nacionales, tres internacionales y otros dos en Cataluña, faltaría más, con seguridad el mejor ejemplo para demostrar la falsedad de los argumentos que el Gobierno utiliza para justificar una política fiscal que ya entra en el terreno de lo confiscatorio.
Dos mil millones de euros nos cuestan los juguetes mediáticos que la clase política utiliza para dedicarse elogios a sí misma o, en el caso de TVE, para dedicárselos durante una semana a un tirano criminal marxista con motivo de su fallecimiento. Los centenares de empresas públicas inoperantes, los miles de observatorios y e institutos públicos dedicados a los asuntos más peregrinos y, en general, la Administración paralela autonómica, suman en su conjunto más que suficiente para completar los siete mil millones de ajuste presupuestario que el Gobierno pretende realizar con esa brutal subida de impuestos aprobada en el último Consejo de Ministros.
El PP ha decretado este salvaje rejonazo fiscal y para ello ha contado con el apoyo de los partidos de izquierdas a los que se ha sumado con total convicción también Ciudadanos, poniendo así de manifiesto su vocación extractiva de la riqueza privada como una formación socialista más. Del Partido Popular ya apenas esperábamos nada en materia impositiva, pero Rivera ha fulminado esta semana la última esperanza de contar con un partido de corte liberal que defienda los intereses de la clase media y trabajadora. En las urnas recibirá el pago a su traición.