Al contrario que los socialistas, los políticos del PP sólo fallan cuando rectifican, una sentencia cuya validez se ha puesto de manifiesto en el proyecto de reforma de la Justicia abortado por Gallardón y, más recientemente, con la retirada de la propuesta de Ignacio de Wert en orden a endurecer las condiciones para obtener una beca para estudios superiores. Como el propio ministro señaló acertadamente cuando se refirió a este apartado concreto de su proyecto de reforma educativa, las becas no son un derecho universal que la administración debe satisfacer, sino un incentivo al que los estudiantes deben responder con "un rendimiento aceptable".
Como era de esperar, la izquierda en pleno ha salido en tromba para oponerse a una medida que amenaza el igualitarismo esterilizante que ha llevado a la educación pública española al furgón de cola de los países civilizados, razón de más para que el ministro se hubiera mostrado especialmente firme en su convicción primigenia de que sólo el esfuerzo y el mérito pueden revertir una situación tan bochornosa. Sin embargo, hasta el partido del gobierno se ha pronunciado en contra de esta juiciosa medida del ministro de Wert, con el fin de no desentonar en un asunto clave como lo es la gestión de la educación pública, entregada sin condiciones a la izquierda con el resultado lamentable que todos conocemos.
En contra del discurso predominante, que pretende igualar a todos los alumnos sean cuales sean sus condiciones de partida, un régimen exigente de ayudas al estudio es la única manera de que estudiantes menos favorecidas puedan acceder a la promoción social que sus condiciones económicas le impiden, pues los que pertenecen a familias con recursos siempre van a poder optar a un amplio abanico de posibilidades que les pondrán al final de su vida académica en situación ventajosa. Es más, teniendo en cuenta que los estudios superiores ya están subvencionados en su mayor parte, en realidad es una injusticia flagrante que esa pequeña porción del gasto educativo que resta se subvencione sin atender a criterios de mérito y capacidad, de forma que las familias con menos recursos van a seguir financiando los estudios superiores de los descendientes de esas otras que pueden permitirse una aportación mayor para garantizarles una educación especializada.
La actitud de Ignacio de Wert, dando marcha atrás en su proyecto de implantar un régimen de ayudas más exigente en beneficio de los estudiantes con menos recursos, ha sido una de las mayores decepciones del ejecutivo de Mariano Rajoy a la que hay que sumar otras como su rendición vergonzosa al nacionalismo periférico en materia lingüística. En esta tesitura, el ministro de Educación debe plantearse si vale la pena seguir vegetando en un puesto para el que se requiere un coraje político del que carece a la luz de sus últimas actuaciones. Si Ignacio de Wert es incapaz de llevar a cabo su proyecto de reforma, lo mejor que puede hacer es dejar su puesto a otro capaz de asumir el coste político y personal al que él parece haber renunciado.