Las comunidades autónomas están gastando más, muchísimo más, que en plena burbuja inmobiliaria: en concreto, 28.000 millones de euros más en 2012 que en 2006, como recoge esta información estupefaciente que publicamos en Libre Mercado. Y emplean a más, muchísima más, gente que entonces: en concreto, a 300.000 personas más. Por si estos datos no fueran lo suficientemente escandalosos, ha de consignarse que en el periodo 2003-2012 gastaron 112.000 millones más de lo que ingresaron y que, a día de hoy, acumulan facturas sin pagar por valor de 10.300 millones.
Casi huelga el comentario ante cifras tan expresivas. Las Administraciones autonómicas son, hoy por hoy, parte del problema. Una parte sustancial. Por su tremenda irresponsabilidad e ineficiencia. Por su opacidad, por la perniciosa inercia de su funcionamiento ordinario. Por la degenerada manera que tienen de concebir la competencia, que les lleva a abrazar el lema tóxico del "Cuanto peor, mejor". Por el infame clientelismo que cultivan y alientan.
Urge, pues, su reforma. Para que estén al servicio de la ciudadanía y no a su espalda, como pesadísima carga. El problema, el drama, es que tal reforma absolutamente imprescindible no se puede llevar a cabo si no se tiene claro el modelo de Estado, y el modelo de Estado nunca será tal si la Nación está permanentemente puesta en duda o sometida a asedio.
¿Para esto no se piden sacrificios desde el Gobierno? ¿Para esto no ofrece pactos el principal partido de la oposición? La crisis, estamos hartos de clamar –tantas veces en el desierto– en Libertad Digital, es antes nacional que económica. Y si no se quiere reconocer, y si no se quiere acertar en el diagnóstico, es imposible dejarla atrás. Será como el dinosaurio del célebre cuento: siempre seguirá ahí, socavando el porvenir.