Aunque a los dirigentes de Podemos ya no les dé por cantar en público La Internacional puño en alto y ondeando el retrato de Lenin junto a la hoz y el martillo, las pulsiones totalitarias de este nuevo partido comunista están quedando cada día más en evidencia. Si la semana pasada anunciaban medidas tales como la creación de una policía secreta financiera al servicio del Gobierno y nutrida de soplones anónimos o la expropiación de viviendas vacías, esta semana proponen acabar con la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas. Eso, por no hablar de su menos liberticida y voraz política fiscal.
Es evidente que la inviolabilidad del domicilio es un principio sagrado que, en una sociedad libre, sólo puede suspender una orden judicial, con independencia de que ese domicilio esté o no vacío o sea propiedad de una persona física o jurídica. Con todo, tampoco debería sorprender que los comunistas propongan políticas propias de los regímenes que imperaban al otro lado del Telón de Acero y que todavía están vigentes en países como Cuba o Venezuela.
Más preocupante es que esta formación arrastre a las demás por la senda del intervencionismo y del estatismo. La semana pasada expresamos nuestra decepción por el hecho de que Ciudadanos, un partido regeneracionista que supuestamente pretende ser una alternativa liberal al desnortado PP, respalde unos impuestos tan injustos y hostiles a la propiedad como los de Sucesiones y Patrimonio. También hemos denunciado en innumerables ocasiones el lamentable intento del PSOE de competir por la izquierda con Podemos. En cuanto al PP, bajo cuyas siglas parecería haber transcurrido la tercera legislatura de Zapatero, su más reciente contribución a este decepcionante espectáculo es sancionar a los medios de comunicación que publiquen filtraciones judiciales.
Es evidente que hay que garantizar la confidencialidad de algunas actuaciones judiciales y que se debe respetar el principio procesal del secreto de sumario. Pero la sanción debe recaer sobre el funcionario que lo vulnera, no sobre el medio de comunicación que lo publica. La jurisprudencia es muy clara a la hora de advertir que el secreto de sumario no debe conculcar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Se dirá que esta última propuesta del PP, que en modo alguno sería equiparable a las de Podemos y ni siquiera es peor que muchas de las que ha llevado a la práctica este irreconocible Partido Popular, no es más que un globo sonda, una propuesta de debate o incluso una forma de disimular lo poco cuidadoso que ha sido el propio Ejecutivo de Rajoy a la hora de respetar la confidencialidad de las investigaciones en un caso tan reciente como el que afecta a Rodrigo Rato. Seguramente así será; sea como fuere, esta propuesta del PP en nada contribuye a superar el lamentable espectáculo que están dando los partidos en lo relacionado con la defensa de las libertades y los derechos de los ciudadanos.