El Gobierno fue insistente y rotundo. Sólo respondería a un comunicado de ETA en el que anunciara el abandono de las armas. El comunicado ha llegado y no sólo no anuncia la renuncia de las armas, sino que afirma que la suspensión de su actividad criminal está condicionada a unos objetivos políticos que suponen la suspensión y la entrega del orden constitucional. Renovar el chantaje al que somete a la sociedad española, recordando qué objetivos exige a cambio de dejar de matar no sólo no significa renunciar a la violencia, sino que es un nuevo uso de las mismas.
ETA no iniciaría esta operación política, en la que no ha renunciado a nada, si no fuera para cumplir mejor sus objetivos. El ha seguido una política que es un fracaso exactamente en la misma medida en que pueda llamarse antiterrorista. Para transformarla en un éxito, vistiendo el reforzamiento de ETA y su entorno de un aparente avance hacia la “paz”, necesitaba urgentemente de este gesto de la banda asesina. Una operación siniestra, porque hace pasar por virtud un proceso de entrega institucional ante los terroristas, del que el Gobierno se ha negado a marcar los límites.
Pero se enfrenta en esta operación a no pocos obstáculos. No es el último de ellos la voz de las víctimas de los terroristas. Su sola presencia recuerda la medida de la maldad de los asesinos, recuerda sus crímenes. Un recuerdo que es incómodo porque pone sobre la mesa de negociación la miseria moral de unos terroristas que no solo no han entregado las armas y a ellos mismos para ponerse a disposición de la justicia, como debían haber hecho, sino que no han mostrado un solo gesto de arrepentimiento. Y es con ellos, que no representan al País Vasco como pretenden y que basan su fuerza en su actividad criminal, con quien se sienta el Gobierno.
Por eso; porque son el contrapunto ético ante el inmoral espectáculo del Gobierno ofreciendo el Estado de Derecho y la unidad de España como pago a ETA por su gesto, José Luis Rodríguez Zapatero lleva desde que alcanzó el poder en una estrategia de acoso y derribo contra las víctimas del terrorismo. Ellas han renovado su justa llamada a la justicia frente a la impunidad de los asesinos. El Gobierno no está en esa onda, y prefiera hablar de paz, de la paz del ciudadano que cede ante el mafioso, de una paz que pasa por la renuncia a las virtudes más preciadas en una sociedad: el derecho frente a la arbitrariedad, la justicia frente al crimen, la libertad frente a la imposición asesina. La sociedad española debe arropar a las víctimas una vez más, porque ellas representan todo lo valioso de nuestra democracia, todo lo que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está dispuesto a poner sobre la mesa de negociación.
