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19-VI-2006

Legal pero no legítimo

De 5.200.000 catalanes llamados ayer a las urnas, sólo 1.800.000 votaron a favor del nuevo Estatuto de autonomía. Los tres millones y medio restantes prefirieron votar no, quedarse en casa, echar la papeleta en blanco o votar nulo. Casi siete de cada diez catalanes no mostraron interés alguno en el Estatuto o mostraron un interés negativo. Esta es, en números redondos, la realidad del referéndum por muchas piruetas que Maragall, Montilla y, especialmente, Zapatero quieran hacer en el alambre. Pocas veces una mayoría ha sido tan silenciosa y, a la vez, tan aplastante.

El mismo texto que salió del Parlamento catalán con el beneplácito del 88% de los diputados autonómicos, obtuvo la aprobación de sólo el 54% de los diputados nacionales y el 49% de los senadores. El pueblo de Cataluña ha hecho bajar ese apoyo hasta el 35%. Todo ha sido cuesta abajo para el malhadado Estatut de la discordia. El que iba a ser el Estatuto de todos, ha terminado convertido en la única coartada de una casta política desgastada, alejada de la realidad y divorciada de los verdaderos problemas de los ciudadanos.

El fracaso político de los padres del Estatuto es mayúsculo. Maragall ha recogido el amargo fruto de su maximalismo y de su visión de iluminado. Los catalanes, al menos dos de cada tres, no comparten con él su gran proyecto de convertir a Cataluña en lo que nunca fue, en una nación soberana. El descrédito de los convergentes, a pesar de empeñarse en marcar una inexistente línea con socialistas y esquerristas, es absoluto. El partido que una vez llegó a identificarse con Cataluña no es ni sombra de lo que fue. Toda la capacidad de movilización que CiU tuvo un día se ha quedado en nada, acaso porque privados de los resortes del poder y de la mesiánica figura de Jordi Pujol, la coalición catalanista es eso mismo, nada, puro humo que asciende al compás que marcan desde La Moncloa.

El responsable máximo de este desaguisado no se encuentra, sin embargo, en Cataluña, sino en Madrid, en la presidencia del Gobierno. El empeño personal de Zapatero en sacar adelante a cualquier coste el Estatuto catalán ha chocado con el muro de escepticismo de la ciudadanía, hastiada de aventureros y de políticos mediocres. Zapatero es el capitán de todos ellos. A pesar de tener todo a su favor, de contar con los medios de comunicación y con las dos formaciones políticas más grandes de Cataluña, no ha conseguido arrancar ni dos millones de votos afirmativos en una región donde las urnas le suelen ser propicias. Debería, una vez proclamado el eslogan de la noche electoral, reflexionar sobre esto. Sus designios de la España plural y majaderías afines no terminan de echar raíces, y si no lo hacen ahora que el viento es favorable quizá no lo hagan nunca.

Partiendo de la irrefutable victoria de la abstención y el voto en blanco, no es menos cierto que esa minoría que ayer votó sí ha hecho del Estatuto una realidad jurídica que en breve entrará en vigor. En ese preciso instante la Constitución del 78 podrá darse por finiquitada. Ha durado casi 30 años en los que España ha dado un salto cualitativo en lo que a libertades se refiere. Ha ordenado la legislación y las instituciones durante casi tres décadas contribuyendo a que España sea hoy un país más rico, más estable y, sobre todo, más libre. Ha sido un instrumento valiosísimo que pronto empezaremos a echar de menos. Esto es realmente lo que se despachó ayer en Cataluña.

Se abre una nueva etapa en la que la ilusión se ha tornado en incertidumbre y el consenso en enfrentamiento. Los inspiradores del Estatuto han conseguido su objetivo: doblar el espinazo a la democracia española y subvertir sus principios fundacionales. Lo han hecho, además, con un mayoría mínima, casi testimonial, por los pelos y cabalgando sobre la propaganda. Con estos cimientos, el Estatuto será legal pero no legítimo, y, esto, ni uno ni mil eslóganes podrán cambiarlo.  


 

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