La condena del opositor venezolano Leopoldo López a casi 14 años de prisión ha provocado la indignación de las organizaciones internacionales. La Unión Europea ha rechazado también esta flagrante muestra de autoritarismo contra un opositor demócrata, en la que se ha hecho uso de los resortes de una Justicia convertida en un poder bastardo al servicio de la dictadura socialista de Nicolás Maduro. En España, cuyos lazos con Hispanoamérica son una de nuestras señas de identidad, el Gobierno y el principal partido de la oposición han sido unánimes en la condena tajante a este abuso judicial contra un preso político.
López estaba encarcelado desde el pasado mes de febrero, acusado falsamente de instigar a la violencia en una marcha de protesta contra Nicolás Maduro. En realidad fueron las hordas chavistas las que abrieron fuego contra los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente, pero el suceso fue utilizado por el régimen bolivariano para librarse de una figura molesta por su creciente apoyo popular.
La Justicia venezolana ha mostrado su carácter más grotesco en esta condena, dictada por una juez provisional, nombrada para sustituir a una magistrada incómoda con el chavismo, que aterrada por las consecuencias de contrariar al régimen ha condenado a un inocente a pasar trece años, nueve meses y siete días en prisión por un delito que no solo no cometió, sino del que pudo ser víctima, como le ocurrió a muchos compatriotas que se manifestaron junto a él.
La operación de la dictadura socialista venezolana contra Leopoldo López es un escándalo ante el que necesariamente tienen que pronunciarse las fuerzas políticas verdaderamente democráticas. En el caso español se esperaba con interés el pronunciamiento de Podemos, el partido emergente de extrema izquierda que tanto debe al régimen venezolano desde sus inicios en todos los sentidos, también en el económico. Pues bien, su líder hegemónico, Pablo Iglesias, ha saldado este atentado contra la democracia con un tímido reproche genérico a los abusos judiciales. Su deuda moral y logística con lo peor del chavismo y sus simpatías hacia los totalitarismos más siniestros le impiden actuar como se exige a un político realmente demócrata y defensor de los derechos humanos.
Sólo el trabajo incansable de algunos medios de comunicación para blanquear la imagen de Podemos permite a este movimiento de ultraizquierda seguir contando en el panorama político español, en lugar de permanecer en los arrabales extrademocráticos a los que pertenece por su tendencia claramente totalitaria. Los líderes de Podemos están con los dictadores, siempre que sean de izquierdas, especialmente si han jugado un papel importante en la gestación de este partido como ocurre con el régimen chavista, el más nefasto que jamás ha sufrido un país sudamericano.
Las organizaciones internacionales deben presionar para que los comicios parlamentarios de Venezuela del próximo 6 de diciembre, en los que se vaticina una derrota histórica para el régimen criminal de Maduro, puedan celebrarse y hacerlo con unas mínimas garantías democráticas. En nuestro país, pocos días después tendrán lugar unas elecciones generales en las que, es de esperar, los partidos amigos de esas dictaduras grotescas corran el mismo destino.