Nuestro colaborador Thomas Sowell ha escrito que entre las muchas argucias empleadas para evitar una confrontación razonada de hechos y argumentos en el debate público está la de calificar de "derecho" aquella medida que apoyemos. Es una forma retórica muy poderosa que permite acallar al adversario, pues éste es colocado inmediatamente como contrario a los derechos de los demás y obligado a defenderse por ello.
Así, es natural que la ofensiva de la progresía en ciertas materias sensibles a la moral de una buena parte de la sociedad se haya travestido de defensa de unos supuestos derechos, como si el matrimonio –sea entre personas del mismo o de distinto sexo– no fuera en realidad un conjunto de obligaciones y compromisos libremente asumido por la pareja o el aborto no fuera la eliminación de un ser humano, además de vivo.
Pero estas formas retóricas de eludir el debate han sido llevadas por el socialismo español al paroxismo. Bono ha llegado a acusar a quienes se oponen a los dictados del Poder de querer "imponer lo que piensan" a los demás. Sin embargo, desde el punto de vista político, la Iglesia no es otra cosa que una organización privada que, como todas, tiene perfecto derecho a expresar su punto de vista sobre cualquier ley o medida del Gobierno. Pero como ente privado que es carece de capacidad de "imponer" nada a nadie: sus fieles lo son libremente. El propio Bono, que siempre luce en el pecho su catolicismo como si de una medalla se tratara, es una prueba evidente de que la Iglesia no impone nada.
Sin embargo, pese a esa evidencia, a Zapatero "le preocupa" que la Iglesia exprese su opinión, fundamentando su opinión en que no hay país de Europa donde "pretenda tener un protagonismo en el debate público ni el condicionamiento de la acción política". Además de falso, porque evidentemente la Iglesia sí participa en el debate público europeo donde lo considera necesario y su número de fieles la convierte en una voz que hay que escuchar, es un argumento hueco, al que puede darse la vuelta con facilidad. Así, podríamos decir que no hay país de Europa donde los sindicatos pretendan condicionar la acción política; además de falso, no sería más que la expresión del deseo de que no lo hagan aquí.
El problema, a la postre, es que el socialismo español nunca se ha conformado con ser una fuerza política que se restrinja al ámbito natural que ésta tiene, sino que necesita ser visto como una fuerza moral, cuyas ideas sobre todo tipo de asuntos, públicos o privados, son las únicas correctas, posibles y "democráticas". La Iglesia, al oponer a la cultura del "todo vale" unas ideas de honda tradición en nuestro país, fundamentadas en las creencias compartidas por muchos españoles, se convierte así a sus ojos en un instrumento "antidemocrático". Y puestos en la tesitura de optar, los socialistas cristianos como Bono terminan evidenciando ser socialistas mucho antes que católicos.
En cualquier caso, y al margen de la posición que se tenga en el complejo debate del aborto, cualquier persona inteligente y que se respete a sí misma debería oponerse a una ley apoyada en argumentos tan pobres como el de que el feto "es un ser vivo, pero no un ser humano", y que pretende imponerse mediante la propaganda y el intento de acallar al adversario, al que se llega a acusar de no haberse opuesto a una guerra a la que se opuso. La legislación actual, emanada de la sentencia del Constitucional 53/85, es imperfecta, pero al menos intentaba poner en la balanza el derecho a la vida del nasciturus con los derechos de sus padres. El PSOE quiere que sólo la madre tenga derechos y, por cierto, ninguna responsabilidad. Y luego tienen la caradura de aconsejar "moderación" a los demás.