El Gobierno vasco se ha sumado a la persecución del castellano iniciada por los nacionalistas catalanes, gallegos y baleares al anunciar que multará a los comerciantes que no atiendan en vasco a sus clientes. Los hechos demuestran, una vez más, la necesidad de emprender las medidas legales necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de los españoles tal y como consagra la Constitución y pide el manifiesto por la lengua común.
El silencio del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ante la ofensiva nacionalista se contrapone a la claridad con la que Santiago Abascal Ezcuza ha alzado su voz para denunciar el atropello que supone el decreto que planea el Gobierno de Ibarratxe. Una medida que atenta contra la libertad individual con un objetivo que a nadie se le oculta: el arrinconamiento del español como lengua común en la que puedan expresarse los ciudadanos que así lo decidan, llegando a intervenir en la actividad empresarial en lugar de permitir que la elección recaiga en los consumidores.
Abascal Ezcuza, además de regentar un comercio en Amurrio, es el padre de Santi Abascal, uno de los parlamentarios populares del País Vasco que ha apoyado a María San Gil tras ser ninguneada por el aparato de Génova. De esta forma, la familia Abascal se erige como un ejemplo a seguir en la defensa de unos principios demostrando una firmeza inquebrantable de la que debería tomar nota la actual dirección de los populares si aspiran recuperar la confianza de María San Gil y un discurso coherente en defensa de la libertad de todos los españoles.