A falta de mayor concreción, las propuestas de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (Lomce) que se han podido conocer este lunes son un catálogo de buenas intenciones... que resultan insuficientes, de cumplimiento cuando menos dudoso y que, incluso aunque se implantasen de forma efectiva, no atacan la raíz de alguno de los principales problemas de la educación.
El borrador de la Lomce parece encontrar una solución para uno de los mayores ataques a la libertad que sufren muchos españoles: la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en su propio idioma. Sin embargo, en lugar de promover la verdadera libertad de elección se inventa un parche: que esos niños se escolaricen en centros privados con cargo a la administración autonómica que no sea capaz de proveer ese servicio ni en la enseñanza pública ni en la concertada.
Amén de que se crea un llamativo incentivo para la búsqueda de esa enseñanza en español –no sería extraño que muchos padres optasen por ella para acceder así a la mayor calidad de los centros privados, sin tener que asumir el elevado coste de los mismos–, nada hace pensar que una administración autonómica como la catalana, que incumple sistemáticamente las sentencias judiciales en este sentido, vaya a hacer caso de una nueva ley... que además le obliga a rascarse el bolsillo.
Esta es la forma que tiene este Gobierno de afrontar los problemas; o, mejor dicho, de no afrontarlos. No es original, ciertamente. Todos los Ejecutivos democráticos han hecho lo mismo ante el nacionalismo: en lugar de ir a la raíz del asunto, la falta de libertad, se dan peculiares rodeos para tratar de encontrar soluciones que no pueden ser calificadas sino de parches.
Lo que necesitan Cataluña y otras partes de España no es una ley que permita reacomodar en colegios privados a los niños que quieren estudiar en español y que son, por ello, expulsados del sistema público, sino un Gobierno que haga cumplir la Constitución en todo el territorio nacional y que defienda libertades básicas como la de poder estudiar en la única lengua común a todos los españoles.
Por otro lado, si con estos rodeos se intenta que el nacionalismo no plantee una batalla frontal al proyecto, quienes así proceden cometen un error mayúsculo: como está de sobra demostrado, el único escenario que aceptan los que se llenan la boca con "la España plural" es la imposición absoluta, allí donde tienen el poder, de su modelo totalitario y completamente singular.
La educación es uno de los grandes problemas de nuestro país, y si bien resulta imprescindible una reforma a fondo que extirpe el cáncer logsiano, lo cierto es que para garantizar la enseñanza del español no se precisa de nuevas leyes, sino de hacer cumplir las ya vigentes.