Desde que empezaron a promulgarse leyes entendidas como un conjunto de normas públicas conocidas por todos y aplicables a todos, uno de sus principales cometidos ha sido, en todas las épocas y culturas, evitar que la masa violenta y manipulada se tomase la justicia por su mano; generar un sistema que, al tiempo que ofrezca una reparación de los daños causados con la delincuencia, no propicie otra delincuencia aún más abyecta.
En la España de hoy en día, sin embargo, parece que la Justicia sólo tiene que ser un vehículo para el linchamiento que se propone desde las redes sociales y determinados medios, por supuesto sólo en aquellos casos en los que se puede obtener una rentabilidad política.
El caso de las famosas tarjetas black es un buen ejemplo, no sólo porque la condena a cárcel a más de 60 consejeros sólo por haber usado una tarjeta y después de que casi todos devolviesen el dinero parece un tanto desproporcionada, sino porque detrás de todo el caso se adivina el ánimo de ofrecer a la turba mediática y de las redes sociales las cabezas de turco de unos condenados que van a cargar con una culpa que no es la suya.
Porque el problema de las cajas y del sistema financiero español no fueron los 12 millones que los consejeros de Caja Madrid gastaron con las famosas tarjetas: el problema era un sistema montado para que los políticos copasen el poder en esas entidades financieras y que las permitía competir deslealmente con los bancos que sí que tenían que responder ante sus accionistas.
El problema fue que las cajas sufrieron una gestión que en muchos casos era muy poco profesional y que en todos estaba al servicio de los intereses de los partidos y, no hay que olvidarlo, los sindicatos.
Más allá de que efectivamente se han cometido delitos, el de las tarjetas black ha sido un caso que se ha instrumentalizado para el provecho político de unos y otros: los que veían cómo sus expectativas electorales subían como la espuma, los que eliminaban a posibles rivales dentro del partido y, sobre todo, los que en uno y otro lado están deseando caer de nuevo sobre unas cajas de ahorros que han sido una ruina para los contribuyentes, pero que fueron un pingüe negocio para la casta política en la que estaban los unos y en la que han entrado los otros.